Por: Alfonso Camerano Fuentes
El crecimiento del Área Metropolitana de Barranquilla hacia las colindancias de la capital del departamento del Atlántico, con sus municipios más cercanos, Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y más allá, por la vía al mar, Tubara, se ha convertido en territorio de invasiones protagonizadas por sólidas organizaciones criminales que lo apropian, a través de procedimientos revestidos de aparente legalidad.
La conurbación Barranquilla-Puerto Colombia, en el Corredor Universitario o en la Vía al Mar; la Circunvalar desde la vía 40 hasta los límites con Soledad; la Carrera 38 desde la calle 84 hasta los límites con Tubará, más caliente en la cruz Circunvalar – Carrera 38; el corredor de la Vía de La Prosperidad, con énfasis en la Zona Franca Zofía, la Isla de La Loma, son plato servido a verdaderas organizaciones criminales consolidadas a través de la acumulación de experiencias en las que actúan de consuno invasores y funcionarios de varios niveles del estado territorial.
Sorprende el modus operandi de apariencia elemental en el que los puntos comunes conducen a nombres rayados de profesionales del derecho, peritos técnicos en agrimensuras de punta, equipo de querellantes y testigos; que facilitan la obtención de documentos de dominio y posesión; usando a empleados de Notaría; a Policías de Estación y Cuadrantes adscritos a los CAÍ de barrios; a Inspectores corruptos; a jueces y empleados de la Rama; etc., que despliegan su accionar libre de sanciones y al “amparo de la ley”, unas veces por ignorancia y las más por física corrupción.
Las ocupaciones de hecho involucran estructuras a la luz del día, que hacen recaer su accionar en predios de propiedad de empresas y familias que los han heredado de sus ancestros, pero que, a la larga, terminan en manos de los grandes urbanizadores, en un retorno en el que todo se convierte en un pingüe negocio.
Las estructuras de los Grupos de Delincuentes Organizados inician su itinerario criminal seleccionando un predio de alta valorización: acuden a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en las que obtener un Certificado de Tradición es cosa de minutos, personalmente o por línea; complementan con los datos de catastro en el IGAC o en las que han sido entregados a las entidades territoriales; de esa base de datos, que incluye planos y avalúos, saltan a la parte operativa.
Serán las Notarías los despachos ante los cuales acudan los “testigos”, para recepcionar la declaración de dos o tres ciudadanos que declaran, falsamente, “conocer” al personaje que ha estado en “posesión” del predio seleccionado para invadir durante “10 o más años”, y a partir de allí, dar un salto de garrocha, la demanda judicial.
Es ahora, la más trascendente etapa del escalonamiento criminal ya que, corresponde al Abogado Gestor de la Banda Criminal, exponer en una proposición lógica, la demanda, sustentada en pruebas, lograr el primer acontecimiento trascendental, la admisión de la demanda.
A partir de este momento, se va a consumar la invasión del terreno, con equipos de albañiles sumamente experimentados en levantar “vasos” de viviendas que, a la vuelta de unos días se multiplican y crecen al amparo de procedimientos deliberadamente prolongados, aplazados una y otra vez, que permitan “ganar tiempo” a la empresa criminal.
Y por último, cuando el propietario afectado se entera de la ocupación de su terreno y resuelva acudir al Inspector de Policía de la Jurisdicción, se opondrán los Invasores de varias maneras, entre las cuales, las más usadas son las de la encontrarse ocupando el predio hace más de 4 meses, término que la ley 1801 de 2016 impone como máximo para incoar la acción de restitución de la posesión en la vía policiva; y cierran, con el falso argumento de encontrarse el predio a disposición de la Justicia Ordinaria, lo cual impediría al Inspector de Policía restituir al despojado ciudadano su bien usurpado.
Así ha caído la Zona Franca Zofia en Galapa; la finca Santa Isabel, en la Vía al Mar; los predios de la entrada a Puerto Colombia y Salgar; los ubicados en el corredor de la Circunvalar con énfasis en los cruces de la Vía al Mar, la Carrera 38 (caliente o la prolongación hasta la Vía de la Prosperidad); la Cordialidad, detrás de MetroParque y alrededores del centro industrial California, en Galapa; los colindantes a Alameda del Río y a Caribe Verde, Las Malvinas; frente a la Clínica de la Policía Nacional; en Soledad, el legado del Parque Muvdi; a los que rodean las urbanizaciones Los Robles I y II, Los Almendros, el barrio La Central y Las Cometas, la Central de Abastos; y en la vía 40 desde la Circunvalar hasta Sabanilla; el Club Lagos del Caujaral; Punta Roca; la Zona Turística, tanto de Atlantico como de Bolívar, en fin, el asunto tomó cuerpo y son palabras mayores.
Todo este desastre está respaldado por políticos corruptos, empleados de primer, segundo y tercer nivel de las Administraciones Públicas; Notarios en propiedad y encargados; funcionarios del Poder Judicial; sectores podridos de la Policía Nacional; Inspectores de Policía corruptos, etc., pero también de un sector privado que le “invierte” al negocio, donde regresa a más altos precios a la red de los grandes urbanizadores que terminan pagando el metro cuadrado a un mayor valor; y esto lo saben los bandidos.
Hasta ahora no hay una sola condena por estos delitos que haga retroceder a la Organización Criminal, cada vez más poderosa e impune.
