Intensos combates, desplazamientos forzados y desapariciones marcan una creciente emergencia de seguridad en varias zonas de Colombia.
Las comunidades indígenas de Tierradentro, en el oriente del Cauca, se encuentran en alerta máxima debido a los intensos combates entre la fuerza pública y grupos armados ilegales en la zona rural de Inzá. La población teme que la situación empeore y exige garantías de seguridad para evitar una tragedia mayor, mientras la violencia sigue escalando en diversas regiones del país.
Simultáneamente, la crisis humanitaria en el Catatumbo sigue empeorando. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado un saldo alarmante de 86 personas muertas, 24.110 confinadas y 57.000 desplazadas en las últimas semanas. Las comunidades claman por la intervención urgente del Estado para frenar la violencia y garantizar la protección de los habitantes en esta zona, marcada por el conflicto armado.
En El Espinal, Tolima, la aparición de un panfleto atribuido al Clan del Golfo ha causado gran preocupación entre los habitantes, ya que no se había registrado la presencia de este grupo en la zona. Las autoridades han iniciado investigaciones para verificar la autenticidad del documento y evaluar las posibles repercusiones en la seguridad del municipio.
Por otro lado, el desplazamiento forzado sigue en aumento en Risaralda, donde cien familias han tenido que huir debido a la presión de los grupos armados. Estas personas han buscado refugio en el occidente de Caldas, lo que ha agudizado la crisis humanitaria en la región.
En Jamundí, Valle del Cauca, la violencia cobró la vida de un policía que intentaba frustrar un hurto. Durante el intercambio de disparos, otro uniformado logró abatir al delincuente, reflejando la difícil situación de seguridad en el país y el riesgo que enfrentan quienes trabajan por la protección de la ciudadanía.
En Chimichagua, Cesar, la incertidumbre y el miedo aumentan con cada día que pasa. Ya son 20 días sin noticias sobre la ex personera Yennis Salazar, secuestrada el pasado 21 de febrero mientras se desplazaba cerca del corregimiento de Saloa. Su familia mantiene la esperanza de su regreso, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sin obtener resultados concretos que permitan esclarecer su paradero.
Las crecientes denuncias de comunidades afectadas por la violencia evidencian la falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno Nacional. Pese a los llamados de auxilio, la presencia estatal sigue siendo insuficiente en territorios donde el control lo ejercen los grupos armados. La población exige no solo acciones inmediatas para contener la crisis, sino también estrategias a largo plazo que garanticen seguridad y estabilidad en estas regiones.
El recrudecimiento del conflicto en diversas zonas del país refleja la complejidad de una problemática que no solo se mide en cifras de desplazados o víctimas fatales, sino también en el temor y la incertidumbre de quienes ven su cotidianidad amenazada por la violencia. La necesidad de una política integral de seguridad y derechos humanos se hace cada vez más evidente, pues sin ella, el círculo de la guerra y el abandono seguirá repitiéndose con nuevas víctimas y territorios golpeados por la inacción estatal.
Y.A.
