El presidente destituye al funcionario en medio de la polémica por contratos millonarios en la entidad.
El director de la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios (Uspec), Ludwing Joel Valero Sáenz, salió de su cargo tras una decisión del presidente Gustavo Petro, pero no fue la investigación por presuntas irregularidades en los contratos lo que terminó por tumbarlo. A pesar de las graves denuncias de corrupción que lo enredaban, relacionadas con millonarios contratos de alimentación, salud y seguros para los centros penitenciarios, la caída de Valero parece estar más vinculada a un factor político: la derrota de la reforma laboral en el Congreso.
El presidente Petro no tomó medidas contra Valero a raíz de las investigaciones de la Fiscalía, que señalaban la entrega de contratos a empresas con antecedentes dudosos y la manipulación de documentación para obtener licitaciones fraudulentas. Sin embargo, la “traición” de los congresistas que firmaron la ponencia negativa para archivar la reforma laboral, impulsada por el gobierno, parece haber sido el detonante para su destitución. Se especula que Valero, quien mantenía cercanía con el senador Miguel Ángel Pinto, se vio arrastrado por este giro en el Congreso, que fue visto como una traición dentro del círculo político de Petro.
La renuncia de Valero es la segunda cabeza que cae en menos de 24 horas tras el fracaso de la reforma laboral. La decisión de Petro de aceptar esta salida se interpreta como una respuesta al impacto político de la derrota legislativa, mucho más que como una medida frente a la corrupción. La traición de los congresistas, que no respaldaron la reforma, parece haber sido más dañina para el gobierno que las irregularidades que surgieron en las investigaciones judiciales.
El mismo patrón se repite en el Fondo Nacional de Ahorro (FNA), donde Silvia Patricia Pinto, hija del senador Miguel Ángel Pinto, también presentó su renuncia. Este movimiento parece ser la respuesta del gobierno a la firme postura de los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, quienes firmaron la ponencia negativa que archivó la reforma laboral.
Ludwing Valero, quien estuvo al frente de la Uspec durante casi dos años, fue objeto de múltiples denuncias por irregularidades en la asignación de contratos a empresas cuestionadas, como el uso de documentación falsa, alteraciones financieras y licitaciones ganadas de forma ilegal. Las investigaciones de la Fiscalía señalaron cómo estos contratos fueron entregados “a dedo” a favor de ciertos contratistas, generando millonarios recursos para servicios de alimentación, salud y seguros en las cárceles del país.
A pesar de las evidentes irregularidades, las investigaciones en la Fiscalía avanzaban lentamente, frenadas por decisiones procesales que, según las denuncias, fueron influenciadas por la intervención de la Procuraduría, que se limitó a intervenir sin hacer avances significativos en los casos.
La salida de Valero y Silvia Pinto refleja el ambiente tenso dentro del gobierno de Petro, donde las decisiones políticas parecen superar los procesos judiciales, marcando un punto álgido en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
