La crisis energética en la región Caribe colombiana sigue tomando fuerza, tras el anuncio de que el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar ha admitido la acción popular presentada por la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe.
En esta demanda, la Liga exige que el Gobierno nacional salde las millonarias deudas que mantiene con las empresas de energía, específicamente con Afinia y Air-e, debido a los subsidios y la opción tarifaria.
En total, el monto de la deuda acumulada con las empresas de energía supera los 7 billones de pesos, lo que ha generado un clima de preocupación ante el riesgo de un posible colapso en el suministro energético en la región. La deuda más crítica se concentra en Afinia, que debe alrededor de 695 mil millones de pesos, solo por los conceptos de subsidios y opción tarifaria, según las cifras más recientes con corte a marzo de 2025.
Un reclamo que se extiende por toda la región
La acción presentada por la Liga de Usuarios no solo hace referencia a las deudas de Afinia, sino que también aboga por una solución para el problema financiero de otras empresas en la región, como Air-e, que ha enfrentado serias dificultades económicas derivadas de una deuda pendiente de 400 mil millones de pesos. En el caso de esta última, la deuda se concentra en la opción tarifaria, un mecanismo que permite reducir el costo de la energía para los usuarios en sectores vulnerables.
Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios, destacó la gravedad de la situación: «Hace 15 días presentamos esta acción popular, junto con los vocales de control del departamento del Cesar, para que el Gobierno se vea obligado a cumplir con el pago de estas deudas. En el caso de Afinia, la deuda asciende a casi 700 mil millones de pesos, y esto tiene un impacto directo en la estabilidad del servicio de energía en la Costa», explicó.
Repercusiones para el Atlántico y el Caribe
Aunque la acción popular presentada inicialmente se centró en las deudas de Afinia, la Liga de Usuarios no descarta tomar medidas similares en el departamento del Atlántico, donde la deuda por subsidios también afecta a la empresa Air-e, la cual está intervenida por el Estado. Según Alarcón, el monto de la deuda con Air-e en el Atlántico ronda los 300 mil millones de pesos.
«La situación en el Atlántico es preocupante, porque si no se resuelve la deuda de manera urgente, el riesgo de desabastecimiento energético es real. La falta de pagos por parte del Gobierno está afectando no solo a las empresas, sino a los usuarios, que ya enfrentan tarifas elevadas y cortes continuos de servicio«, agregó Alarcón.
Reacciones a favor del fallo judicial
El fallo del juez que admitió la acción popular ha sido celebrado por los usuarios de la región, quienes consideran que este es un paso importante para exigir una solución definitiva a los problemas financieros de las empresas de energía. Desde la Liga de Usuarios, se asegura que este fallo es un primer paso en la lucha por los derechos de los consumidores y el acceso a un servicio básico de calidad.
«Este fallo es una victoria para todos los barranquilleros y los habitantes de la Costa Caribe, que llevamos años soportando altos costos en la energía y, al mismo tiempo, la inacción del Gobierno frente a las deudas con las empresas. Exigimos que se cumpla con lo pactado y que se garantice la estabilidad del servicio en toda la región«, afirmó uno de los voceros de la Liga de Usuarios.
La expectativa está ahora sobre el Gobierno, que tendrá que responder ante la Corte sobre las medidas adoptadas para saldar las deudas con las empresas de energía, las cuales, de no ser resueltas a tiempo, podrían desencadenar una crisis energética con efectos graves para el bienestar de la población.
Próximos pasos: movilización social y seguimiento judicial
Con el respaldo de este fallo, la Liga de Usuarios ha convocado a una serie de movilizaciones y acciones legales adicionales para seguir presionando por el pago de las deudas. Se espera que el debate público sobre esta cuestión se intensifique, a medida que crecen las preocupaciones sobre la continuidad del servicio eléctrico y el impacto de estas deudas en las finanzas de las empresas involucradas.
Por su parte, las empresas de energía, que han expresado su compromiso con la calidad del servicio, reiteran la urgencia de resolver este conflicto financiero para evitar mayores dificultades. La situación sigue siendo crítica, y los próximos días serán clave para determinar si el Gobierno cumplirá con sus obligaciones o si la crisis energética en la región continuará escalando.
