Una bomba de tiempo ignorada por la Gobernación y la Asamblea del Atlántico.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
La Empresa Social del Estado (ESE) Universitaria del Atlántico (UNA) está sumida en una crisis financiera sin precedentes, que ha puesto en jaque no solo su operatividad, sino la atención en salud de miles de atlanticenses. Su inviabilidad económica, con deudas superiores a los 100 mil millones de pesos, es el resultado de una cadena de omisiones, negligencias y, posiblemente, corrupción, que las autoridades departamentales han preferido ignorar hasta que la situación se hizo insostenible.
Trabajadores sin salarios y servicios en el suelo
La dramática situación de UNA ha convertido la vida de sus trabajadores en un calvario. La falta de pago de salarios y prestaciones es una constante, lo que ha llevado a protestas y denuncias de sindicatos como la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC). La crisis no solo afecta al personal, sino que repercute directamente en la calidad del servicio, que es, según ANTHOC, un desastre. «Falta de especialidades y subespecialidades, medicamentos, ayudas diagnósticas e infraestructura» son parte de los problemas que han convertido a este hospital en una institución prácticamente inútil para la ciudadanía.
Un modelo fallido desde su concepción
La ESE Universitaria del Atlántico fue creada en noviembre de 2021 bajo la administración de Elsa Noguera, quien la presentó como la gran solución para la crisis hospitalaria del departamento. En ese momento, la mandataria prometió: «Regresa la esperanza para la salud de los municipios. Con este nuevo modelo, hoy queremos enviarle un mensaje a toda la gente del departamento del Atlántico, que van a empezar a sentir profundos cambios para garantizar un servicio de salud oportuno y de calidad«.
Tres años después, esas palabras suenan como una burla para los pacientes y trabajadores. Lejos de cumplir su objetivo, la ESE se convirtió en un barril sin fondo donde se han perdido millones sin que nadie asuma la responsabilidad.
¿Dónde estaban la Gobernación y la Asamblea?
Los problemas financieros de UNA comenzaron desde su creación y se agravaron cada año, sin que la Gobernación del Atlántico o la Asamblea Departamental tomaran medidas. Solo ahora, cuando la situación ha colapsado, la Asamblea pretende debatir el tema, pero su reacción tardía demuestra una absoluta desconexión con la realidad.
¿Cómo es posible que una empresa estatal acumule 100 mil millones de pesos en deudas sin que nadie prenda las alarmas? ¿Qué papel han jugado las administraciones departamentales en este desastre? ¿Por qué la Gobernación y la Asamblea esperaron hasta el último momento para reaccionar? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta.
Inspección sorpresa: Superintendencia entra en escena
Después de años de abandono institucional, la Superintendencia de Salud ha decidido intervenir con una inspección sorpresa. Desde el 11 hasta el 14 de marzo, se llevará a cabo una auditoría para revisar los estados financieros y el funcionamiento de la ESE. Pero más allá de confirmar la catástrofe administrativa, esta intervención debe identificar y sancionar a los responsables del colapso. La pregunta es: ¿servirá de algo o será solo otro trámite burocrático que terminará en el olvido?
¿Corrupción tras la crisis?
El desastre de la ESE Universitaria del Atlántico no puede explicarse solo por la mala gestión. La magnitud del desfalco sugiere que detrás de su crisis financiera podrían estar manos criminales. La Superintendencia de Salud tiene la responsabilidad de esclarecer si hubo corrupción en la administración de los recursos públicos y quiénes se beneficiaron de esta debacle. De lo contrario, esta historia será solo otro capítulo de impunidad en el país.
¿Quién responderá por el desastre?
Lo que está ocurriendo con la ESE Universitaria del Atlántico es un reflejo de cómo la incompetencia y la falta de control pueden destruir una institución pública. Los pacientes siguen sin atención digna, los trabajadores sin salario, y la deuda creciendo sin freno, mientras las autoridades departamentales miran hacia otro lado.
Es hora de exigir respuestas. La Gobernación del Atlántico, la Asamblea Departamental y la administración de la ESE deben rendir cuentas. No se trata solo de salvar a UNA, sino de evitar que esta tragedia se repita en otras instituciones de salud del país.
Y.A.
