El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes 11 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Manila por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad relacionados con su brutal y controvertida guerra contra las drogas. La arresto de Duterte se produjo tras su llegada desde Hong Kong, donde había estado en viaje privado.
Causas del arresto: La guerra contra las drogas
Duterte, de 79 años, enfrenta cargos graves por las miles de muertes ocurridas durante su campaña antidrogas, la cual fue un pilar central de su mandato como presidente de Filipinas entre 2016 y 2022. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos no se limitan a su tiempo en el poder presidencial, sino que también abarcan su período como alcalde de la ciudad de Dávao, donde se habría implicado en una serie de ejecuciones extrajudiciales.
La Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto luego de una exhaustiva investigación preliminar que comenzó en 2018. Según la CPI, Duterte es responsable de una campaña sistemática de asesinatos y otras atrocidades en nombre de la lucha contra el narcotráfico, que resultó en la muerte de miles de personas, muchas de las cuales habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La cifra de víctimas: Discrepancias entre el gobierno y las ONGs
El gobierno de Duterte ha reconocido oficialmente unas 6,000 muertes como parte de la campaña antidrogas, aunque múltiples informes de organizaciones humanitarias internacionales señalan que la cifra real podría llegar hasta las 30,000 personas. Estas organizaciones argumentan que muchas de las víctimas fueron ejecutadas sin juicio, lo que ha generado una ola de críticas sobre el manejo autoritario y violento de la política antidrogas del exmandatario.
A pesar de las acusaciones y la condena internacional, Duterte se defendió durante su mandato alegando que la lucha contra las drogas era crucial para salvar a la sociedad filipina de lo que él consideraba una crisis de narcotráfico. Sin embargo, la CPI sostiene que las acciones de Duterte fueron más allá de lo que se puede justificar bajo el derecho internacional, caracterizándolas como crímenes de lesa humanidad.
La retirada de Filipinas de la CPI y su persistencia en la investigación
En respuesta a la creciente presión internacional y a la apertura de la investigación por parte de la CPI, Duterte retiró unilateralmente a Filipinas del Tratado de Roma en 2019, un paso que fue criticado por defensores de los derechos humanos. El tratado, que establece la jurisdicción de la CPI, permite a la corte intervenir en casos de crímenes graves cuando los países no investigan ni procesan adecuadamente a los responsables.
Sin embargo, la Corte Penal Internacional decidió continuar con su investigación sobre los crímenes cometidos durante el mandato de Duterte, dado que las presuntas violaciones de derechos humanos ocurrieron antes de la retirada oficial de Filipinas del Estatuto de Roma. En consecuencia, la CPI sigue teniendo competencia sobre los crímenes cometidos durante ese tiempo.
Reacciones en Filipinas: Protestas y celebraciones
El arresto de Duterte ha generado una ola de reacciones en Filipinas, reflejando la polarización que el exmandatario ha dejado en su país. Mientras que sus seguidores, conocidos por su ferviente apoyo a su política de mano dura, se han manifestado en protestas exigiendo la liberación del expresidente, los familiares de las víctimas y grupos de derechos humanos celebran la detención como un paso hacia la rendición de cuentas.
Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas han expresado su esperanza de que el arresto de Duterte sea solo el primer paso hacia la justicia para las miles de personas que perdieron la vida bajo su régimen. «Es un respiro para nosotros. Queremos justicia», comentó una madre cuya hija fue asesinada en el contexto de la campaña antidrogas.
El equipo legal de Duterte y la lucha contra la extradición
El equipo legal de Duterte ya ha anunciado su intención de apelar la decisión de la CPI, argumentando que el proceso es injusto y políticamente motivado. La defensa del exmandatario ha señalado que Duterte no recibió un juicio justo y que el arresto es parte de una «persecución política» contra su legado.
Aunque el expresidente filipino ha sido arrestado en Manila, su extradición a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, podría tomar tiempo y dependerá de los procedimientos legales y políticos internos del país. En cualquier caso, la detención de Duterte marca un hito significativo en la lucha internacional por la justicia por violaciones de derechos humanos y podría tener implicaciones de largo alcance en las relaciones entre Filipinas y la comunidad internacional.
Un paso hacia la rendición de cuentas global
El arresto de Rodrigo Duterte subraya la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito global y la capacidad de la Corte Penal Internacional para actuar incluso cuando los gobiernos intentan eludir la justicia. La CPI ha señalado que su misión es garantizar que aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad enfrenten las consecuencias de sus acciones, independientemente de su estatus político.
En el futuro cercano, se espera que el caso de Duterte sea un tema clave en las discusiones sobre derechos humanos y justicia internacional, mientras se esperan más detalles sobre los próximos pasos en su proceso judicial. Este arresto podría ser un mensaje importante para otros líderes que, bajo el amparo del poder, cometen abusos y violaciones contra la humanidad.
