Esta obra inconclusa expone las fallas en la gestión pública que presenta la ciudad de Barranquilla.
La Plaza de Telecom, que debía ser un símbolo de renovación urbana, se ha convertido en un testimonio palpable del desorden administrativo y la corrupción que afecta a la ciudad. Ocho años después del inicio de las obras y con más de $9.000 millones de pesos invertidos, el proyecto sigue sin concluir, dejando a la vista un proceso viciado que evidencia la falta de control y transparencia en la gestión pública.
Un contrato marcado por irregularidades
El 7 de abril de 2017, la Secretaría General del Distrito de Barranquilla firmó el contrato No.01-2017-001130 con la Unión Temporal Nuevos Espacios 2017, conformada por Carlos Vengal Pérez (51%) y JPS Construcciones del Caribe SAS (49%), de Luis Enrique Guzmán Chams, para la construcción de espacios públicos en la ciudad.
El contrato, con un presupuesto inicial de $7.975.988.604 y un plazo de ejecución de 264 días, presentaba desde su inicio graves inconsistencias. Uno de los primeros indicios de anomalía fue la asignación de la interventoría a Edubar antes de la selección del contratista, en contravención de la Ley 80 de 1993, que exige que el interventor sea elegido mediante licitación pública y actúe de manera independiente.
El incumplimiento fiscal: una señal de alarma
El contratista tenía la obligación de pagar los impuestos correspondientes en un plazo de diez días hábiles, pero tardó más de dos meses en cumplir parcialmente con esta responsabilidad. Peor aún, Edubar nunca realizó el pago total de los tributos exigidos, omitiendo contribuciones como el impuesto de Dotación a la Tercera Edad (2.5%) y la Estampilla Pro Cultura (2%), lo que representó un déficit de más de $15 millones para la ciudad.
La normativa es clara: sin el pago de impuestos, un contrato no puede ejecutarse legalmente. Sin embargo, el proceso avanzó sin que la Contraloría Distrital, la Personería y la Procuraduría intervinieran para frenar las irregularidades.
Un esquema de cesiones que diluye responsabilidades
Apenas tres meses después de adjudicarse el contrato, Carlos Vengal Pérez cedió su participación (51%) a la empresa JA Asociados SA, la cual, a su vez, traspasó estos derechos a Virgilio Enrique Osorio Torres el 3 de abril de 2018, meses después de la fecha estipulada para la entrega de las obras.
Este entramado de cesiones demuestra la intención de dispersar responsabilidades y dificultar la trazabilidad de los recursos públicos. Mientras tanto, la Plaza de Telecom sigue inconclusa, transformándose en lo que los ciudadanos han bautizado como «una empanada de concreto».
Conexiones sospechosas y patrones de corrupción
El caso de la Plaza de Telecom no es un hecho aislado. Existen conexiones entre los responsables de este proyecto y otros contratos en la región que han seguido el mismo patrón de irregularidades.
Carlos Vengal Pérez y Luis Enrique Guzmán Chams han estado involucrados en múltiples contratos públicos. Según declaraciones del propio Guzmán Chams a la periodista María Jimena Duzán, desde 2015 mantenían acuerdos financieros en los que Guzmán financiaba sobornos para asegurar la adjudicación de contratos.
Uno de los contratos más destacados bajo este esquema fue la construcción del megatanque del barrio 7 de Abril, con un presupuesto de $23.580 millones, en el que Guzmán Chams habría entregado $2.300 millones para presuntos sobornos.
La inacción de los entes de control
A pesar de las múltiples irregularidades, los organismos de control han permanecido en silencio. La Fiscalía, la Contraloría Distrital y la Procuraduría General de la Nación han mostrado una pasividad alarmante, permitiendo que este tipo de operaciones corruptas se perpetúen sin consecuencias.
El contrato debía estar finalizado hace más de siete años, y hasta la fecha no se ha emitido un acta formal de entrega. Además, los contratistas aún deben al Distrito de Barranquilla $462.608.000 en impuestos, sin contar los intereses acumulados por mora.
El sistema de corrupción: un modelo bien engrasado
Este caso ilustra cómo opera un mecanismo estructurado para el desfalco de recursos públicos, basado en:
- Licitaciones direccionadas: Pliegos diseñados para favorecer a contratistas específicos.
- Interventorías permisivas: Entidades como Edubar, que deberían fiscalizar, terminan facilitando la corrupción.
- Incumplimiento sin consecuencias: Se permite la ejecución de contratos sin cumplir los requisitos legales básicos.
- Transferencias estratégicas: Cesión de contratos para dificultar la identificación de los responsables.
- Inacción institucional: Falta de respuesta por parte de los organismos de control.
El costo real: más que dinero, la confianza ciudadana
El impacto de la corrupción en la contratación pública va más allá de los $9.000 millones perdidos en la Plaza de Telecom. Cada peso malgastado significa menos inversión en educación, salud e infraestructura. La impunidad en estos casos socava la confianza en las instituciones y perpetúa un ciclo de corrupción que afecta la calidad de vida de los barranquilleros.
