Las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) benefician a una empresa privada mientras Montería recibe una mínima parte de los ingresos.
Las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) comenzaron a operar en Montería este mes con la promesa de mejorar la movilidad y ordenar el tráfico en las calles de la ciudad. Sin embargo, lo que no se menciona en los folletos ni en las declaraciones oficiales es que, de cada 100 pesos que los ciudadanos pagan por estacionar, solo 22 pesos irán a las arcas municipales.
Este nuevo sistema de ZER, que se presenta como un avance en la movilidad urbana, esconde un negocio privado que ha sido celebrado en los folletos promocionales y por funcionarios municipales. El contrato en cuestión, un acuerdo de $130 mil millones firmado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), fue entregado a la empresa «Nuestro Espacio». Este acuerdo, que tiene una duración de 11 años, ha desatado una serie de cuestionamientos sobre cómo se están gestionando los recursos públicos.
El contrato, cuyo monto total parece elevado en comparación con el impacto directo que tendrá en la comunidad, tiene un reparto de ganancias desigual. Mientras que la ciudad de Montería recibirá aproximadamente $4 mil millones anuales, la empresa privada se quedará con una suma mucho mayor, alrededor de $14 mil millones al año. Este desbalance en la distribución de los ingresos deja en claro que el verdadero beneficio no parece ser para los ciudadanos, sino para la empresa que explota el sistema.
Lo más sorprendente de todo esto es que este contrato fue firmado a toda prisa en septiembre de 2023 por el entonces alcalde Carlos Ordogoistia Sanin, justo antes de su salida del cargo. Según un concejal de Montería, este contrato exprés tiene efectos de largo plazo, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia y la apresurada firma de acuerdos de gran envergadura sin suficiente evaluación pública.
El nuevo alcalde, Hugo Kerguelén García, ha optado por defender la legalidad del contrato y alegar que, al llegar a su administración, encontró un acuerdo ya firmado. Kerguelén expresó su impotencia, indicando que romper el contrato generaría costos adicionales que las finanzas locales no podrían cubrir. Esta justificación, sin embargo, solo ha generado más desconfianza en los ciudadanos, que ven cómo las decisiones pasadas continúan afectando sus bolsillos sin poder hacer nada al respecto.
Un aspecto particularmente polémico de este contrato es la implementación de cepos de inmovilización, que tienen un costo de $91.500 para vehículos y $45.700 para motos. Estos dispositivos, presentados como una forma de generación de empleo local, se han convertido en una fuente constante de ingresos para la empresa, sin que se garantice un beneficio claro para la ciudad.
Además, los parquímetros, un elemento fundamental en cualquier sistema de parqueo regulado, están completamente ausentes en el contrato. Aunque se menciona su instalación, no se especifica cuántos serán colocados, dejando la decisión en manos del concesionario. Esto plantea dudas sobre cómo se están utilizando los $130 mil millones del contrato, sin una clara garantía de que se instalarán parquímetros en las zonas de mayor demanda.
Para comprender la magnitud de este negocio, basta comparar el caso de Montería con otros sistemas de estacionamiento regulado en el mundo. En Benidorm, España, el gobierno municipal invirtió una cantidad mucho menor, aproximadamente $1.450 millones de pesos colombianos, para instalar 64 parquímetros modernos y automatizados en una ciudad que recibe casi tres millones de visitantes al año. En contraste, Montería, con menos de 500,000 habitantes, comprometerá $130 mil millones de pesos sin garantizar siquiera la instalación de estos dispositivos.
Este tipo de decisiones refleja lo que el jurista Alejandro Nieto denominaba como «corrupción estructural», un modelo en el que los intereses privados se benefician desproporcionadamente a expensas del interés público. En Montería, este patrón se repite: los contratos millonarios son firmados por políticos antes de dejar el cargo, las empresas obtienen ganancias desmesuradas y los ciudadanos terminan financiando este sistema que, en última instancia, favorece a unos pocos.
A lo largo de todo este proceso, las ZER se han convertido en una herramienta de clientelismo político, con la contratación de personal que está vinculado a líderes locales. Esto ha generado desconfianza y sospechas sobre la transparencia de todo el sistema.
En resumen, las Zonas de Estacionamiento Regulado en Montería no solo parecen ser un fracaso en términos de su gestión financiera y su transparencia, sino que además ilustran una forma de corrupción estructural en la que lo público se ve reducido a una mera fachada para garantizar los beneficios de unos pocos. La pregunta que queda es clara:
¿Realmente estamos construyendo una ciudad más ordenada y justa, o simplemente estamos permitiendo que lo público se convierta en un negocio privado?
Y.A.
