El representante legal de la Concesión Autopistas del Caribe, Ernesto Carvajal, desmintió las acusaciones en contra de la concesión y alertó sobre la crisis que atraviesa el proyecto vial debido a las protestas y bloqueos en los peajes, en particular en el de Sabanagrande.
Durante un encuentro con los medios de comunicación, Carvajal explicó que las manifestaciones del movimiento “No más peajes” han impactado significativamente el recaudo en estaciones clave como Turbaco, Sabanagrande y Galapa. Según señaló, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha tenido que compensar a la concesión con aproximadamente 100 mil millones de pesos debido a la reducción en los ingresos y la no implementación del esquema tarifario estipulado en la Resolución 8355 del Ministerio de Transporte.
Retrasos en el proyecto y posibles acciones legales
El contrato de concesión, firmado el 20 de octubre de 2021, contemplaba un año y medio de preconstrucción antes de iniciar obras. Sin embargo, han transcurrido tres años y cinco meses y el proyecto sigue detenido, sin posibilidades de avanzar a la fase de construcción en los próximos dos años debido a la falta de recaudo y los bloqueos constantes.
Carvajal advirtió que, si la situación persiste, la concesión podría verse obligada a notificar una demanda internacional contra el Estado en el primer semestre de 2025. Aunque hasta el momento solo se ha notificado la problemática al tribunal internacional correspondiente, se estima que una eventual demanda podría generar costos millonarios para el país, comparables con el fallo adverso de 1.3 billones de pesos que recientemente enfrentó la ANI en el caso de la Perimetral Oriental de Bogotá.
Impacto en empleo e inversión
El proyecto Autopistas del Caribe contempla una inversión de dos billones de pesos, la construcción de cien kilómetros de segundas calzadas y 16 puentes peatonales, además de la generación de 4.000 empleos directos y 2.700 indirectos en su pico de ejecución. Sin embargo, con los bloqueos y la falta de avances, estas inversiones están en riesgo.
Llamado a las comunidades y autoridades
Carvajal hizo un llamado a los manifestantes para buscar soluciones razonables y evitar medidas extremas como la eliminación de los peajes o la liquidación del contrato. “No existen tarifas cero en el país. Las demandas deben ser pensadas y basadas en acuerdos viables”, señaló.
Asimismo, instó al Gobierno Nacional, autoridades locales y departamentales a tomar acciones para salvar el proyecto y evitar un colapso financiero que afectaría la movilidad y el desarrollo de la región Caribe.
Recursos a punto de agotarse
Actualmente, la concesión sigue operando la Unidad Funcional Cero del corredor vial, pero los recursos del depósito especial que financia el mantenimiento de las vías se agotarán en marzo de este año. Si no se encuentra una solución, esto podría ser una causal objetiva para la terminación del contrato, dejando en incertidumbre la operación de estas importantes vías.
“Hoy el contrato está en cuidados intensivos, y si no tomamos medidas urgentes, se perderá una oportunidad de oro para el desarrollo de Bolívar y Atlántico”, concluyó Carvajal.
