Varias son las denuncias que han presentando líderes de la oposición colombiana, luego de que se aprobara la reforma a la salud del gobierno Petro. La iniciativa que tuvo luz verde con 90 votos en segundo debate, ahora pasa al Senado de la República.
La primera en pronunciarse, fue la congresista por la Alianza Verde, Cathy Juvinao, quien señaló:”que bárbaros, de verdad. Esta reforma pasará a la historia como un momento a la corrupción y a la politiquería. Que tristeza haber perdido semejante oportunidad de hacer las cosas bien”.
Por su parte, el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, indicó: “el presidente Petro sabe que el “triunfo” que celebra en la Cámara de Representantes es sucio e ilegítimo y que las mayorías mudas que le aprobaron su perverso proyecto no lo hicieron por convicción, sino por las inconfesables y obscenas formas de “persuasión” de su flamante ministro del Interior”, precisó.
Al respecto, también se refirió Lina Garrido congresista de Cambio Radical y segunda vicepresidenta de la Cámara, anotando:”la reforma de la muerte ha ganado su segundo round, pero aún le faltan dos. Anhelo que el Senado demuestre que no es un notario del Gobierno, que haga respetar la independencia de poderes, defienda la salud de los colombianos y no se venda”, anotó.
El proyecto fue aprobado solo un día después de que el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro Urrego enviara el mensaje de urgencia e insistencia para que la plenaria de la corporación retomara el trámite.
Esto estipula el proyecto
La iniciativa, de origen gubernamental, pretende mejorar el sistema de salud en el país, para garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental de los colombianos.
En ese sentido, en el texto del proyecto se destacan cambios fundamentales la transformación de EPS, las cuales pasarán a ser Gestoras de Salud y Vida, reconociendo un 5% del valor de la UPC para financiar la atención integral.
Así mismo, estipula que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud asumirá la responsabilidad de realizar los pagos directos a prestadores de servicios médicos, incluyendo hospitales y proveedores de tecnologías en salud.
Por último, se plantea que el Gobierno defina la Unidad de Pago por Capitación mediante estudios técnicos, considerando ajustadores de riesgo como edad, sexo y condiciones socioeconómicas.
