La diputada del Magdalena, Margarita Guerra, advierte sobre irregularidades y posibles intereses económicos detrás de la insistencia en mantener la misma directiva anulada.
Una fuerte disputa política se ha desatado en la Asamblea Departamental del Magdalena luego de que el Tribunal Administrativo del Magdalena anulara la elección de la mesa directiva 2025 tras la demanda de la diputada Margarita Guerra. A pesar del fallo judicial, la directiva suspendida continúa sesionando, lo que ha sido calificado como un “desacato a la ley”.
El proceso de elección se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2024, cuando fueron elegidas Ángela María Cedeño Ruiz, Marta Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez Vásquez como presidenta, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, respectivamente. Sin embargo, Guerra y otros diputados señalaron irregularidades, especialmente la validación del voto del diputado Alberto Gutiérrez, quien estaba suspendido por su partido.
Ante estos hechos, la diputada de Fuerza Ciudadana presentó en enero una acción de nulidad y solicitó una medida cautelar que fue aceptada el 26 de febrero por el Tribunal Administrativo del Magdalena, ordenando la suspensión provisional de la mesa directiva y la elección de una nueva directiva en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, según Guerra, la mesa directiva suspendida ha ignorado el fallo y sigue sesionando, llegando incluso a elegir una mesa directiva provisional con los mismos integrantes de la anulada. “Lo que aquí se ve es una burla a la justicia, pues desacatan una orden”, denunció la diputada.
Otro hecho que agrava la controversia es que la ex presidenta de la Asamblea, Rosita Jiménez, quien lideró la corporación en 2024, instaló la sesión para elegir la directiva provisional el 6 de marzo, argumentando que un fallo del Consejo de Estado le permitía hacerlo bajo el concepto de “sesión preparatoria”. No obstante, Guerra sostiene que, ante la falta de presidente y primer vicepresidente, debía ser el diputado Edgar Arias quien asumiera la dirección de las sesiones.
Además, la asambleísta denunció que la presidenta suspendida se niega a entregar chequeras, cuentas y contratos, lo que podría indicar la existencia de intereses económicos. “Quizás no les convenga que un tercero llegue de manera temporal. Sería grave si se descubre que hicieron contratos estando suspendidos”, advirtió Guerra.
El conflicto en la Asamblea Departamental del Magdalena sigue escalando, dejando en evidencia tensiones políticas y presuntas irregularidades que ponen en tela de juicio la transparencia del proceso.
Y.A.
