El Ministerio de Ambiente ha decretado la suspensión de la minería en 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, en Santander, incluyendo la zona del Páramo de Santurbán. Esta medida, anunciada el 5 de marzo de 2025, establece una reserva ambiental temporal con el objetivo de proteger las cuencas hidrográficas de la región y frenar la contaminación causada por la minería ilegal, especialmente la que utiliza mercurio para la extracción de oro.
La resolución, identificada como la Resolución 0221, impide la minería de oro y plata en áreas claves de los municipios de Matanza, Suratá, California, Vetas, Tona, Charta, y partes de Bucaramanga, durante un periodo inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por otros dos. Esta decisión tiene un fuerte impacto en las actividades mineras formales e informales de la región, afectando a miles de trabajadores que dependen de esta industria.
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la medida busca proteger las fuentes hídricas y ecosistemas de importancia ambiental, que abastecen de agua a varias poblaciones cercanas. Sin embargo, esta resolución ha generado un fuerte rechazo por parte de los mineros de Soto Norte, quienes consideran que la medida pone en riesgo sus empleos y la estabilidad económica de la región.
Reacciones del sector minero y la comunidad
Los mineros y comunidades afectadas han manifestado su desacuerdo con la resolución, argumentando que la medida carece de sustento técnico y científico, y que se tomó sin una adecuada concertación con las comunidades locales. Aseguran que la decisión del gobierno central podría incrementar la minería ilegal, en lugar de erradicarla, al obligar a los trabajadores a buscar alternativas en territorios fuera del control estatal.
En este sentido, los líderes comunitarios de Soto Norte, incluyendo a Asomineros Vetas y otras organizaciones sociales, han denunciado la falta de un proceso de consulta con las comunidades afectadas y han señalado que la resolución ignora varias recomendaciones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, como la delimitación final del Páramo de Santurbán, que aún está pendiente.
Impacto económico y social
El impacto de esta medida en la economía local es significativo. La minería informal emplea a más de 1.300 trabajadores, que se verían directamente afectados por la suspensión de la actividad. Además, muchas familias dependen de la minería artesanal como su principal fuente de ingreso. En respuesta, las organizaciones sociales han anunciado que llevarán su protesta hasta Bogotá y presentarán acciones legales, incluidas tutelas, para exigir la revocatoria de la resolución.
La ministra de Ambiente, María Susana Muhamad, quien firmó la resolución antes de finalizar su mandato, defendió la medida asegurando que el objetivo es proteger los recursos naturales del país. Sin embargo, los líderes comunitarios y gremiales exigen que el nuevo gobierno, bajo la ministra Lena Estrada, retome el diálogo y establezca un proceso de concertación que permita encontrar soluciones que no perjudiquen tanto a los mineros como al medio ambiente.
Protestas y futuro incierto
El futuro de los trabajadores y las comunidades de Soto Norte parece incierto, ya que la medida podría fomentar el desplazamiento y la pobreza. Las protestas continúan, y los mineros aseguran que no permitirán que su territorio sea entregado a grupos armados, que podrían tomar el control de la minería en la región.
Con el panorama dividido entre la necesidad de proteger el medio ambiente y la defensa de los derechos de los trabajadores, la situación en Soto Norte promete seguir siendo uno de los temas más controvertidos de la agenda política y social de Santander en los próximos meses.
