Gustavo Malo y Francisco Ricaurte seguirán cumpliendo sus condenas por corrupción judicial tras la ratificación de las sentencias por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas contra los exmagistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, quienes estuvieron involucrados en el escándalo conocido como el Cartel de la Toga, un caso de corrupción judicial que sacudió al sistema de justicia colombiano.
La Sala de Casación Penal confirmó las sentencias que los encuentran culpables de haber recibido sobornos para influir en decisiones judiciales clave.
En el caso de Francisco Ricaurte, la Corte decidió no casar la sentencia de 16 años de prisión dictada en su contra. Ricaurte, quien en su momento fue presidente de la Corte Suprema, había sido hallado culpable de recibir sobornos a cambio de favorecer a varios políticos investigados, entre ellos Álvaro Ashton, Musa Besaile y Juan Carlos Abadía, en los procesos judiciales que tramitaron en su despacho y en el de Gustavo Malo.
Por su parte, la Corte también ratificó la sentencia que en 2021 había condenado a Gustavo Malo a 9 años de prisión efectiva. Malo fue declarado culpable de recibir sobornos, especialmente en el caso de Musa Besaile, quien entregó 2.000 millones de pesos para dilatar un proceso judicial en su contra. La Corte destacó la gravedad de estos actos, que reflejan el uso del poder judicial para favorecer a personas investigadas a cambio de dinero.
La Sala de Casación Penal subrayó la implicación de ambos exmagistrados en una red criminal que operaba dentro de la misma Corte Suprema, en colaboración con abogados y otros actores del sistema judicial.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron cómo se gestó este entramado corrupto, con el objetivo de manipular y retrasar decisiones judiciales clave a cambio de favores económicos.
Con esta resolución, la Corte reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y la transparencia en el ámbito judicial, enviando un mensaje contundente sobre la necesidad de garantizar la justicia sin la influencia de intereses económicos ilegales.
Y.A.
