Acusaciones del presidente Petro generan rechazo y reclamo de disculpas por estigmatización.
Una nueva controversia ha surgido en el país después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros, en las que presentó un ambicioso plan para la sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo.
Este plan tiene como objetivo reemplazar al menos 25.000 hectáreas de cultivos de coca en una zona históricamente marcada por el conflicto armado y el narcotráfico. Sin embargo, Petro hizo una grave acusación al señalar que muchas de las organizaciones sociales en la región están “permeadas por las armas” y subordinadas a grupos armados ilegales.
Las palabras del presidente fueron recibidas con malestar por diversas organizaciones sociales que operan en el Catatumbo, quienes consideran que las acusaciones estigmatizan su labor en la defensa de los derechos humanos en la región.
Ante ello, exigieron una retractación pública, respaldada por la Defensoría del Pueblo. A través de un comunicado, la Defensoría reiteró su apoyo a las comunidades del Catatumbo y pidió al presidente Petro una rectificación de sus declaraciones.
«La Defensoría del Pueblo reafirma la legitimidad de las comunidades y organizaciones sociales de la región y respalda su exigencia de rectificación al señor presidente de la República por sus recientes declaraciones», indicó la Defensoría.
Además, enfatizaron que el Gobierno debe actuar como garante de los derechos de estas comunidades y defender su autonomía frente a los grupos armados ilegales.
El comunicado advirtió que estigmatizar a las organizaciones sociales solo contribuiría a empeorar la situación que atraviesan las comunidades del Catatumbo, que ya se encuentran bajo la amenaza constante de los grupos armados.
En este sentido, la Defensoría instó al Gobierno a evitar profundizar en estos señalamientos, que históricamente han servido para justificar crímenes contra la población civil en Colombia.
Y.A.
