El asesinato de Danilo Benavides, Faber Alexander Torres Martínez y Víctor Julio Jiménez, firmantes de paz, evidencia la crisis de seguridad para los excombatientes en el país.
El pasado 2 de marzo de 2025, Colombia registró un nuevo golpe contra el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Tres firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 fueron asesinados en diferentes municipios: Danilo Benavides en Arauquita (Arauca), Faber Alexander Torres Martínez en San Juan de Arama (Meta) y Víctor Julio Jiménez en Yopal (Casanare). Los crímenes, que han generado indignación y alerta entre organizaciones de derechos humanos, evidencian la falta de seguridad para quienes dejaron las armas en busca de una segunda oportunidad.
Un patrón de violencia que no cesa
De acuerdo con la información recopilada, los ataques ocurrieron en contextos diferentes, pero con un común denominador: la acción de grupos armados ilegales en territorios donde los excombatientes intentan consolidar sus proyectos de vida.
- Danilo Benavides, quien hacía parte del ETCR Martín Villa en Arauca y avanzaba en su proceso de reincorporación, fue asesinado en la vereda Galaxia, municipio de Arauquita. Según la Defensoría del Pueblo, en la zona hacen presencia el ELN, el Frente 10 y el Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente, así como bandas criminales locales.
- Faber Alexander Torres Martínez, quien también avanzaba en su proceso de reincorporación, fue ultimado con arma de fuego en un establecimiento público en la vereda El Vergel de San Juan de Arama. La Defensoría del Pueblo ha identificado esta región como de alto riesgo debido a la presencia del Bloque Jorge Suárez Briceño y bandas criminales.
- Víctor Julio Jiménez, trabajador del Banco de Maquinaria en Casanare, fue atacado por sicarios en el sector La Fortaleza, en la Ciudadela La Bendición de Yopal. Según la Defensoría del Pueblo, en esta zona operan el Frente 28 y el Frente 10 del Comando Conjunto de Oriente, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras ilegales.
La falta de garantías y la impunidad
La Defensoría del Pueblo ha emitido diversas alertas tempranas (AT 011/23, AT 030/23 y AT 023/23) advirtiendo el alto riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz, pero las cifras siguen en aumento. La ausencia de medidas eficaces de protección ha permitido que estos crímenes sigan ocurriendo sin mayores consecuencias para los perpetradores.
Hasta la fecha, en lo que va del 2025, al menos 14 excombatientes han sido asesinados, una situación que mantiene en vilo el proceso de paz y cuestiona el compromiso del Estado con la seguridad de quienes decidieron dejar las armas.
Organizaciones como Indepaz han insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2016. Sin embargo, mientras las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes, los ataques contra excombatientes continúan, dejando un saldo trágico de vídas perdidas y promesas incumplidas.
Y.A.
