Bogotá. – Un escándalo de corrupción al interior del Instituto Nacional de Vías (Invías) ha saltado a la luz pública, luego de que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a 28 congresistas por su presunta implicación en un entramado de corrupción. La solicitud se dio tras el interrogatorio rendido por María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
La fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema, fue la encargada de hacer la petición formal, que también involucra el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación se centra en un posible direccionamiento irregular de contratos de infraestructura vial en Invías, en el cual varios parlamentarios habrían intervenido.
Entre los congresistas señalados figuran nombres de renombre en la política nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, incluyendo a:
- Juan Loreto Gómez
- Olga Lucía Velásquez
- Katherine Miranda
- Wilmer Ramiro Carrillo
- Daniel Restrepo
- Wadith Peinado
- Juan Diego Muñoz
- Wilmer Castellano
- Silvio José Carrasquilla
- Álvaro Herny Monedero
- Elkin Rodolfo Ospina
- Wilder Iberson Escobar
- Milena Jaraba
- Sandra Aristizábal
- Kellyn Johana González
- Yamil Arana
- Juliana Aray Franco
- Néstor Leonardo Rico
- Willmer Yesid Guerrero
- Juan Diego Echavarría
- Efraín Cepeda
- Juan Carlos Garcés
- Juan Pablo Gallo
- José Alfredo Gnecco
- Liliana Bitar
- Karina Espinosa
La FM reveló la lista completa de los implicados, quienes son militantes de diversos partidos políticos. Se les acusa de presuntamente usar su influencia para obtener contratos favorecedores en Invías, mediante prácticas ilícitas que involucrarían pagos y sobornos.
María Alejandra Benavides, quien se encuentra en conversaciones con la Fiscalía para establecer un posible acuerdo de colaboración judicial, ha mencionado que está dispuesta a convertirse en testigo clave del caso, a cambio de inmunidad o reducción de penas. Fuentes cercanas a la investigación han indicado que esto podría implicar aceptar varios delitos en un preacuerdo, lo cual allanaría el camino para una condena menor si cooperan con la justicia.
Este nuevo escándalo representa otro golpe a la credibilidad de las instituciones en Colombia, y pone de manifiesto la magnitud de la corrupción que persiste dentro de las estructuras del Estado. Las autoridades, por su parte, se mantienen firmes en su intención de esclarecer los hechos y hacer justicia.
La Corte Suprema deberá iniciar las investigaciones correspondientes, lo que podría llevar a la apertura de procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del poder legislativo. La sociedad espera respuestas y sanciones claras frente a estos actos que afectan gravemente la confianza pública.
