Juzgado le otorga a Muhamad 48 horas para acatar el fallo antes de imponerle sanciones.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se encuentra en el centro de una polémica legal tras no cumplir un fallo de tutela que le exige responder a las inquietudes de los habitantes de la provincia de Soto Norte, en relación con la implementación de una zona de reserva cercana al Páramo de Santurbán.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas le otorgó un plazo de 48 horas para cumplir la orden. De no hacerlo, enfrentará una sanción de arresto por seis meses y una multa de 20 salarios mínimos, equivalentes a $28 millones 400.000.
Comunidades mineras denuncian violación de derechos
Para líderes mineros como Ivonne González, representante de Vetas, Santander, esta decisión judicial confirma sus denuncias sobre la falta de diálogo con las comunidades. «Esta orden de cumplimiento y anuncio nos da la razón sobre todo lo que hemos denunciado; es evidente que la ministra de Ambiente ha violado nuestros derechos fundamentales de más de 35.000 personas«, afirmó.
González también cuestionó la legalidad de la resolución ministerial, señalando que pretende «borrar 450 años de vocación minera y arraigo cultural, desconociendo fallos de la Corte Constitucional, sin sustento técnico suficiente y en contradicción con el Acuerdo de Escazú«.
Miles de personas afectadas en Santander
La acción de tutela fue presentada en noviembre de 2024 debido a la falta de respuestas de la ministra sobre el impacto de la zona de reserva en la actividad minera. Según denuncias desde la región, al menos seis municipios serían afectados por las restricciones económicas y legales en el 98% del territorio.
Las localidades afectadas incluyen California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, además del 30% del área rural de Bucaramanga. De implementarse las medidas sin concertación, se teme un desplazamiento masivo de la población que depende de la minería para su sustento.
Así las cosas, el incumplimiento de la ministra Susana Muhamad frente a la tutela y la fuerte oposición de las comunidades mineras han generado un conflicto legal y social que podría escalar aún más. Mientras el plazo judicial avanza, la incertidumbre crece entre los habitantes de Soto Norte, quienes exigen respuestas claras y una concertación real sobre su futuro.
Y.A.
