La Corte Constitucional está investigando el Decreto 0155 de 2025, que autoriza la construcción de 55 sedes educativas en Catatumbo y otras regiones afectadas por la violencia.
El Ministerio de Educación, bajo la dirección de Daniel Rojas, defendió el decreto como una respuesta a la crisis de seguridad en la zona, anunciando una inversión millonaria.
Sin embargo, la magistrada Cristina Pardo solicitó revisar la constitucionalidad del decreto, cuestionando su relación con la violencia y pidiendo más estudios y justificaciones. La Corte también requiere respuestas sobre el impacto socioeconómico, la demanda educativa y el manejo de los recursos.
Este sería el primer decreto de la conmoción interior que podría caer en manos de la Corte. Además, en el FFIE, surgen denuncias sobre su nuevo gerente, Sebastián Caballero Ortega, cercano al ministro Rojas.
