El organismo internacional documentó reclutamiento infantil, violencia sexual, asesinatos de líderes sociales y violaciones a los derechos humanos cometidas por actores armados y la fuerza pública.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de Colombia en 2024, evidenciando una preocupante realidad en materia de derechos fundamentales. Según el documento, el país enfrenta altos niveles de violencia, con grupos armados ilegales como principales perpetradores.
Uno de los datos más alarmantes es el reclutamiento de menores, con 216 casos confirmados. De estos, 118 eran niños, 86 niñas y 12 personas sin confirmación de género, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, se reportaron casos en los que los menores fueron víctimas de castigos físicos, amenazas y asesinatos en medio del conflicto. En Guaviare, dos menores fueron torturados y ejecutados por grupos armados.
El informe también documentó graves hechos de violencia sexual, afectando especialmente a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. Se reportaron violaciones, uniones forzadas y anticoncepción obligada a niñas reclutadas, algunas de apenas 12 años. También se recibieron denuncias sobre trata y explotación sexual, que incluyeron a mujeres y niñas venezolanas en condición de migrantes o refugiadas.
Otro punto crítico fue el asesinato de líderes sociales. La ONU verificó 89 de los 191 casos reportados en 2024, señalando que los principales afectados fueron los defensores de derechos humanos y los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC). El informe identificó a los grupos armados no estatales como responsables del 71% de los homicidios registrados.
Por otro lado, el informe documentó violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. De las 33 denuncias recibidas, 18 fueron verificadas, reflejando una reducción del 39% respecto a 2023. Estas denuncias incluyen torturas, tratos crueles y violencia sexual.
La ONU hizo un llamado al Gobierno colombiano para fortalecer la protección de los derechos humanos, garantizar la presencia del Estado en los territorios y avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Asimismo, recomendó incluir el acceso irrestricto a los territorios en los diálogos con grupos armados y fortalecer la Justicia Especial para la Paz (JEP) para evitar la legitimación de estructuras ilegales.
Y.A.
