La Procuraduría General de la Nación revisó el desempeño del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la implementación de los programas dirigidos a la infancia Wayúu en La Guajira, evaluando el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, la cual exige atención prioritaria para esta población.
El Ministerio Público manifestó su preocupación por la lentitud en la contratación de los programas de primera infancia en los municipios de Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao. Debido a esto, instó al ICBF a agilizar estos procesos para garantizar la atención de al menos 102 mil niños indígenas.
Durante la reunión, el ICBF informó que el número de comunidades atendidas aumentó de 2.576 en 2024 a 3.000 en lo que va de 2025, y que la cobertura se amplió a 9.551 familias adicionales. Sin embargo, los retrasos en la contratación de servicios de alimentación siguen siendo un desafío, debido a la complejidad de los procesos de selección de organizaciones indígenas con capacidad legal, financiera y técnica. Además, se requiere identificar las zonas de atención y contar con la autorización de las comunidades para prestar el servicio.
A pesar de estas dificultades, la Procuraduría destacó algunos avances tras mesas de trabajo anteriores. De las 144 convocatorias para la adjudicación de contratos, 90 ya han sido firmadas, lo que representa un avance del 63 %.
Al concluir la reunión, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Samuel Arrieta, exhortó al ICBF a continuar los esfuerzos para mejorar la calidad del Programa de Primera Infancia para los niños Wayúu, en cumplimiento con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2017.
