El magistrado José Haxel de la Pava solicitó investigar los bienes de los empresarios Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas, señalados por exjefes paramilitares como supuestos financiadores y colaboradores de grupos armados ilegales.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla, a través del magistrado José Haxel de la Pava, envió una solicitud a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al grupo de persecución de bienes de la Dirección de Justicia Transicional, para que investiguen los bienes de los empresarios Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas (fallecido), quienes han sido vinculados con grupos paramilitares.
El documento, fechado el 7 de febrero de 2025, indica que en 2022 y 2024 ya se habían compulsado copias con el mismo propósito. La petición se fundamenta en declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, quien bajo juramento afirmó que los empresarios fueron presuntos financiadores y auspiciadores de grupos paramilitares.
Además, en el auto judicial se citan testimonios de otros excomandantes como Juan Francisco Gómez, alias ‘Mario’ o ‘Alacrán’, quien aseguró que sociedades ligadas a los mencionados empresarios, incluyendo la finca Potosí, habrían sido utilizadas como centros de entrenamiento de los paramilitares.
El abogado de las familias Matera y Macías afirmó desconocer la solicitud enviada por Justicia y Paz. Incluso al ser confrontado con el documento, insistió en que “nada tenía que comentar al respecto”.
En julio de 2024, la fiscal Luz Adriana Camargo manifestó su intención de fortalecer los equipos de Justicia Transicional, judicializar a los terceros financiadores de paramilitares con gran poder económico e implementar el uso de inteligencia artificial para rastrear bienes ocultos en paraísos fiscales.
