Un desfalco de 1.800 millones de pesos en el Hospital Metropolitano de Barranquilla, realizado con cheques de la entidad bancaria de la familia Char, sigue sin resolverse. La denuncia involucra a los Jaller y ha puesto en evidencia la falta de acción de la Fiscalía.
El Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla, continúa a la espera de una respuesta concreta por parte del Gobierno, después de años de crisis financiera y administrativa que han dejado a más de 400 trabajadores sin sus derechos laborales. Desde 2018, los empleados reclaman el pago de sus prestaciones sociales, pero hasta el momento no han recibido solución, a pesar de las denuncias y gestiones realizadas por la actual administración.
José Luis Castro, gerente del hospital, recordó que, además de los más de 80 mil millones de pesos perdidos debido a la mala gestión administrativa, los procesos legales en la Fiscalía no avanzan. “Esta nueva administración ingresó en 2021, pero el hospital ya venía en decadencia desde 2020. Hemos llevado el caso a todas las instancias, fui hasta la Presidencia y denunciamos el robo de cheques. Pero seguimos sin respuestas”, ha señalado el directivo, quien agregó que el hospital ha sido visitado por funcionarios como Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo, y Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud, sin que se haya tomado ninguna medida efectiva. «No han resuelto nada», agregó.
Los trabajadores, quienes diariamente se manifiestan exigiendo soluciones, denuncian que la situación empeora con el paso de los años. René Osorio Espinosa, uno de los empleados en protesta, expresó: «Hemos ido a los Ministerios, pero el daño al hospital ha sido enorme y seguimos sin que nadie se preocupe realmente por la situación. No tenemos respuesta de los entes gubernamentales, y parece que todo el mundo solo viene a mirar el problema, pero no hace nada».
Desfalco millonario y denuncias por corrupción
El hospital también se enfrenta a un escándalo de corrupción, con investigaciones por un presunto desfalco de más de 80 mil millones de pesos. En 2024, la Fiscalía ratificó la medida de aseguramiento en prisión contra Carlos Jaller Raad, exrector de la Universidad Metropolitana, y su esposa Ivón Acosta, por su implicación en el desvío de recursos públicos. La pareja es acusada de fraude, abuso de confianza agravado y daño informático, por un presunto detrimento patrimonial de 8.502 millones de pesos a la universidad, de la cual dependía el hospital.
“El desfalco fue masivo. Jaller sacó 1.800 millones de pesos de manera irregular y los endosó a su nombre”, detalló Castro, quien también ha denunciado las graves irregularidades en la administración pasada. Pese a las investigaciones, los procesados no han aceptado cargos y se encuentran fuera del país, con informes que indican que podrían estar en Miami.
Cuatro años de espera sin soluciones
Desde el cierre temporal del hospital en octubre de 2020, que afectó a los más de 30,000 pacientes que atendía regularmente, la situación solo ha empeorado. A pesar de los esfuerzos por parte de los directivos y empleados para que se retomen los servicios, el hospital sigue sin contar con los recursos ni el respaldo necesario para abrir sus puertas nuevamente. El personal se mantiene en una constante lucha por la restitución de sus derechos y la recuperación de la institución.
“Todo el mundo viene, todo el mundo mira el problema, pero nadie da una solución. Ya vamos para cuatro años sin respuestas”, afirmó Castro, quien lamentó que las autoridades no tomen acciones concretas para resolver la crisis.
El futuro de Unimetro sigue siendo incierto, mientras sus empleados y pacientes esperan que, finalmente, el Gobierno se comprometa con la recuperación del hospital y el pago de las deudas que han dejado en la incertidumbre a cientos de familias de la región Caribe.
Los cheques de la familia Char: Desfalco de 1.800 millones al Hospital Metropolitano
La historia del desfalco comenzó en 2019, cuando el director de la institución era Javier Cuartas Jaller, vinculado a la influyente familia Jaller de la capital del Atlántico. Durante ese año, el hospital recibió aproximadamente 13.000 millones de pesos provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Sin embargo, según las investigaciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, Cuartas Jaller se habría apropiado de una parte significativa de esos recursos, aproximadamente 8.000 millones de pesos. La denuncia no solo apunta al director, sino también a otros miembros de la familia Jaller.
Uno de los casos más notorios es el de Carlos Jaller Raad, tío de Javier Cuartas, quien, según las investigaciones, habría cobrado 1.800 millones de pesos en cheques, entre el 29 y el 31 de octubre de 2019. Estos cheques fueron cobrados a través de Serfinansa, la entidad financiera vinculada a la familia Char. Este cobro sospechoso ha puesto en evidencia las conexiones entre la familia Jaller y los recursos del hospital, lo que agrava aún más las sospechas de corrupción.
A pesar de que el sindicato de trabajadores del hospital y la misma Secretaría de Transparencia denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de la Nación en septiembre de 2022, el proceso judicial no ha avanzado. Esta falta de progreso en la investigación ha generado malestar entre los empleados del hospital, quienes siguen esperando una respuesta contundente de las autoridades para esclarecer el destino de los recursos desaparecidos.
Este caso de corrupción no es un hecho aislado. La Secretaría de Transparencia también ha revelado otro escándalo vinculado a la familia Jaller. Durante el período entre 2014 y 2016, Carlos Jaller Raad ocupó el cargo de rector en la Universidad Metropolitana, donde se le acusa de haber creado cargos fuera de su competencia, lo que habría causado un desvío de más de 8.500 millones de pesos.
Esta denuncia, que también involucra a Ivonne Acosta, pareja de Carlos Jaller, y a otros exfuncionarios de la universidad, tampoco ha tenido avances significativos en la Fiscalía. De hecho, las tres órdenes de captura emitidas, incluidas las de Jaller y Acosta, están a punto de vencer el próximo 24 de febrero, sin que se haya logrado su captura, ya que se presume que ambos se encuentran en los Estados Unidos.
Ambos casos están siendo gestionados por la Fiscalía 17 Seccional Delegada para la Seguridad Territorial desde septiembre de 2022. Sin embargo, la inestabilidad interna en la dirección de esta dependencia ha ocasionado que se acumulen procesos importantes sin que se les dé la debida atención. La falta de avances ha alimentado la percepción de impunidad, mientras tanto, los afectados por estos actos de corrupción siguen esperando justicia.
Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los procesos de control y transparencia en las instituciones públicas, especialmente en sectores tan sensibles como el de la salud. El desfalco y los retrasos salariales no solo afectan la estabilidad financiera de los hospitales, sino que también generan un clima de desconfianza que repercute negativamente en la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad.
Es imperativo que las autoridades competentes actúen con celeridad en estos casos, no solo para hacer justicia, sino también para recuperar los recursos públicos que han sido malversados. Además, es fundamental que el sistema judicial sea más eficiente y transparente para que hechos como estos no queden en la impunidad.
