El sur de Bolívar, una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia, atraviesa un momento crítico debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias armadas.
Estos grupos ilegales, que luchan por el control de una de las zonas más ricas en recursos naturales, han generado un clima de temor e incertidumbre entre la población local, que ya vive bajo la amenaza de asesinatos selectivos, reclutamientos forzados y desplazamientos masivos.
Desde hace varias semanas, la situación ha empeorado en municipios como Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal y Morales, donde los residentes enfrentan no solo el riesgo de ser atrapados en los combates, sino también el de sufrir las consecuencias de la instalación de minas antipersonal en los caminos rurales. Las comunidades temen que la violencia escale aún más, lo que podría generar una crisis humanitaria aún mayor, similar a la que atraviesa el vecino Catatumbo.
Uno de los aspectos más preocupantes es el control que los grupos armados ejercen sobre los líderes sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos informan que los líderes comunales y de Juntas de Acción Comunal son revisados y amenazados con la pena de muerte si se atreven a denunciar los crímenes o compartir información sobre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Los líderes locales, por su parte, recomiendan a la población evitar transitar por las carreteras y mantenerse alejados de las áreas rurales, donde los retenes ilegales y los grupos armados son cada vez más frecuentes.
Además de la violencia directa, otro factor que incrementa la crisis es la lucha por el control de las minas de oro en la región. La Serranía de San Lucas, un vasto cinturón minero, es uno de los puntos más codiciados, no solo por los grupos armados, sino también por el narcotráfico. Expertos afirman que la minería ilegal en esta zona podría generar ganancias millonarias cada mes, lo que intensifica la competencia entre las organizaciones criminales.
A esta grave situación se suma la reciente amenaza de un nuevo grupo armado autodenominado «Ejército Revolucionario del Pueblo» (ERP), que ha emitido un mensaje a los campesinos de la región instándolos a abandonar sus hogares para evitar confrontaciones con otros actores violentos. Esta nueva organización promete intensificar el conflicto y agravar aún más las condiciones de seguridad y convivencia en la zona.
Con el desplazamiento forzado ya afectando a más de 1.000 personas en las últimas semanas, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo de un desplazamiento masivo que podría afectar a más de 150.000 habitantes. Mientras tanto, la presencia del Estado en el territorio sigue siendo insuficiente para frenar la expansión de la violencia y el control de los grupos armados.
La crisis en el sur de Bolívar es un reflejo de la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad y la paz en territorios estratégicos, mientras la guerra por el control del narcotráfico y la minería ilegal sigue desplazando a miles de colombianos. Los llamados a una intervención más efectiva del Estado se intensifican, ya que la situación continúa deteriorándose y podría derivar en una crisis humanitaria aún mayor si no se toman medidas inmediatas.
