La justicia los imputó por más de 21,000 secuestros en Colombia.
Siete exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP enfrentan un proceso judicial por su responsabilidad en la política de secuestro implementada en todo el país. Este año, recibirán sanciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad, tras haber sido imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Mientras avanza el juicio, se están definiendo casos excepcionales en los que los exguerrilleros habrían actuado bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Resolver estos casos es clave para cerrar sus procesos judiciales de acuerdo con los estándares internacionales.
Según la investigación, el Secretariado de las FARC-EP ordenó más de 21.000 secuestros en el territorio nacional. Sin embargo, la JEP ha señalado que algunos de estos casos podrían ser amnistiados, ya que no configuran el crimen de guerra de «toma de rehenes». Esto ocurre cuando la liberación del cautivo no fue condicionada, según lo estipulado en el DIH.
¿QUÉ VIENE PARA LOS EXGUERRILLEROS?
Aunque algunos casos podrían recibir amnistía, esto no exime a los exmiembros del Secretariado de responder por otros delitos cometidos durante los secuestros, tales como tortura, tratos crueles, violación, homicidio y desplazamiento forzado. Estos crímenes no son amnistiables y serán objeto de sanciones en el transcurso de este año.
En una reciente decisión, la Sala de Reconocimiento de la JEP identificó los pocos casos en los que la extinta guerrilla cumplió con el DIH, dejando constancia legal y buscando resolver la situación jurídica de los firmantes del Acuerdo de Paz.
A pesar de la posibilidad de amnistía en casos específicos, la justicia colombiana avanza con el compromiso de sancionar a los responsables de la política de secuestro, garantizando verdad y reparación para las víctimas.
