La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señala a 4 generales y 35 uniformados por más de 400 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2007.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 4 generales, 35 oficiales y suboficiales de la Brigada Cuarta del Ejército Nacional, como máximos responsables de más de 400 casos de los mal llamados ‘falsos positivos’ ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007.
La magistrada de la JEP, Catalina Díaz, detalló que los generales retirados del Ejército Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes fueron comandantes y jefe de operaciones de la Brigada IV, fueron hallados máximos responsables de liderar una política de facto de “conteo de cuerpos” que desató un patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas de manera forzada, presentadas como falsas bajas en combate.
“La evidencia judicial demuestra que con sus órdenes, lineamientos y directrices, los generales (r) condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando», afirmó la magistrada Díaz.
Según la JEP, también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de 6 batallones, por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes. Además, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares, a cambio de sumas de dinero, para que fueran asesinadas.
La JEP también confirmó, por primera vez en una imputación por falsos positivos, la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas de estos homicidios o sus familiares.
En particular, se identificó que esta práctica criminal ocurrió en al menos 22 casos, con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño. Estas personas fueron arbitrariamente acusadas de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas y torturadas para obtener información o forzar la entrega de material de guerra.
Entre los casos documentados destaca el asesinato de los campesinos Luis Albeiro Avendaño Muriel, Luis Argiro Agudelo y John Jairo Bernal, ocurrido en la vereda Santa Marta, municipio de Sonsón, el 5 de mayo de 2005.
La JEP evidenció que integrantes de la contraguerrilla ‘Corcel 2’ del Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) retuvieron a las víctimas, las golpearon, amarraron de manos frente a sus familias y luego las trasladaron a lugares cercanos, donde fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate.
“A mi esposo lo mataron amarrado a un palo, amarrado como un animal”, relató Martha Isabel Guerra Úsuga, esposa de Luis Albeiro, quien imploró a los soldados que lo liberaran, pero le respondieron: «Nosotros tenemos que dar resultados».
Y.A.
