Durante una Actuación Especial de Fiscalización realizada en el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República encontró irregularidades por $160 mil millones en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI). La auditoría, que cubrió el período de 2022 hasta abril de 2024, reveló una serie de hallazgos administrativos y fiscales que comprometen la efectividad de la Reforma Rural Integral y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a comunidades campesinas y étnicas.
Principales hallazgos:
- Predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria: Se identificaron compras de terrenos en varias regiones con suelos clasificados como clase VII y VIII, inapropiados para actividades agrícolas y ganaderas. Estos suelos representan más del 50% de la superficie de los predios adquiridos, violando la normativa que prohíbe la compra de terrenos con más del 20% de suelos de estas clases. Además, algunos de estos terrenos contienen humedales en un 30% de su superficie, lo que limita aún más su viabilidad para proyectos productivos.
- Ocupaciones ilegales de predios: Varios de los terrenos adquiridos para las comunidades campesinas fueron invadidos debido a la falta de control y custodia por parte de la ANT. Esto ha generado un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones, afectando el ordenamiento social de la propiedad y las poblaciones beneficiarias.
- Retrasos en la entrega de los predios: A pesar de las compras realizadas, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos a las comunidades. De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% fue entregado a campesinos, 5,3% a comunidades indígenas, y solo el 1% a comunidades negras. Este retraso no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que también genera costos adicionales por el mantenimiento de tierras adquiridas pero no entregadas, lo que ha ocasionado un presunto detrimento de $110.322 millones.
La Contraloría ha solicitado la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio contra la ANT por incongruencias en la información presentada. Estos hallazgos podrían afectar seriamente los objetivos de la Reforma Rural Integral y el bienestar de las comunidades destinatarias de la misma.
Esta situación plantea una alarma sobre el uso eficiente de los recursos públicos destinados a las víctimas del conflicto armado y las comunidades rurales en el marco del Acuerdo de Paz.
