Si pensabas que las disputas territoriales eran algo de la Edad Media, piénsalo de nuevo, dado que, en el departamento del Atlántico se presenta y no de ahora, desde hace algún tiempo, esto, si se tienen en cuenta las viejas rencillas entre las dos familias más poderosas de la región, los Char y los Torres.
Podrían denominarse como dos clanes familiares, cuyas rencillas siguen más vivas que nunca, y ahora el campo de batalla no es solo político, sino también económico. La disputa más reciente se ha desatado por 1.435 hectáreas de tierra ubicadas en lo que se conoce como el «corredor universitario» entre Barranquilla y Puerto Colombia, una zona con un alto valor tributario que no solo alberga colegios de élite y universidades, sino también proyectos inmobiliarios millonarios, como el de Ciudad Mallorquín, que promete 16 mil nuevas viviendas.
El conflicto de límites entre Barranquilla y Puerto Colombia no es algo nuevo
En realidad, ha sido una saga que lleva más de 15 años. Y como era de esperar, los viejos jugadores políticos siguen siendo los mismos. Por un lado, tenemos a Álex Char, el carismático alcalde de Barranquilla, quien ha demostrado tener un control absoluto sobre la ciudad durante más de una década. Y por el otro, los Torres, con su legado político y económico, siguen luchando con uñas y dientes para defender lo que consideran su territorio.
La historia toma un giro inesperado este lunes 17 de febrero, cuando el Consejo de Estado tumbó la ordenanza clave 075 del 2009 con la que se le otorgaban esas tierras al municipio de Puerto Colombia. De inmediato, se desató una serie de reacciones. En Barranquilla, el ambiente era de celebración, como si se tratara de un gol en la final del fútbol. Álex Char y su equipo anunciaron que el fallo había “devuelto” a la ciudad el territorio que siempre había sido suyo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que previamente había determinado los límites.
Pero como todo en la política, la victoria no es definitiva. En Puerto Colombia, el alcalde Plinio Cedeño, quien es parte del clan Torres, no tardó en dar una respuesta tajante: “Este es un territorio porteño, y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”. Claro, con esa determinación, parece que el conflicto aún está lejos de resolverse. Cedeño y los Torres han manifestado que seguirán luchando por mantener el control sobre las tierras que, según ellos, pertenecen a Puerto Colombia.
Y aquí es donde entra el giro irónico: el mismo gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien en el pasado fue aliado de los Char, se muestra ahora más neutral, subrayando que la disputa limítrofe no está resuelta. Verano ha expresado que este conflicto debe resolverse mediante una consulta con el IGAC y, posiblemente, con el Congreso. Parece que, en este escenario, el único ganador por ahora es el abogado, ya que la disputa legal se está convirtiendo en un verdadero partido de ajedrez.
Y aunque los nombres y las caras pueden haber cambiado, las estrategias son las mismas. Los Char, con su hegemonía en Barranquilla, no tienen intención de ceder. Mientras tanto, los Torres, liderados ahora por la nueva generación, con Camilo Torres Jr. al frente, continúan con su lucha por mantener su territorio y poder.
Para los ciudadanos, no es solo una cuestión de límites: son 40 mil millones de pesos anuales en impuestos lo que está en juego. Un terreno donde se encuentran universidades de élite, villas lujosas y megaproyectos inmobiliarios, todo en un área que se cotiza más que nunca. Este conflicto no es solo de tierras, sino de futuro, expansión y poder político.
Antecedentes
Es de recordar que el proyecto de ley 233 de 2023, que inicialmente había causado una fuerte ola de cuestionamientos en la Cámara de Representantes, generado incertidumbre y críticas desde hace dos años frente a las discusiones. Su origen se encontraba en la necesidad de ajustar el Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (SICOV), pero lo que parecía ser una propuesta técnica, dio paso a una serie de sospechas sobre posibles beneficios para el Clan Torres, un grupo empresarial y vínculos políticos, especialmente con Euclides Torres, conocido por su apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se caracterizó como una de las voces más firmes en advertir sobre las posibles implicaciones de ese proyecto, señalando en particular el artículo 15. Según la ANDI, esta disposición podría crear un marco legal que favorecería de manera exclusiva a las empresas vinculadas al Clan Torres en futuras licitaciones del SICOV, donde obviamente, quedarían por fuera otros poderosos como los Char. Un sistema esencial para regular procesos tan importantes como la revisión tecno-mecánica y los exámenes de conducción en el país. La preocupación central es que dicha medida podría excluir a otros competidores legítimos, afectando la transparencia y la competencia justa en el mercado.
El temor que se planteó fue claro: una posible concentración de poder y recursos en manos de un grupo económico que fue señalado por su influencia en la política nacional. En un momento en el que se reclamó más equidad y una gestión pública más abierta, la posibilidad de que se favoreciera a un actor específico en detrimento de otros generó en su momento serias dudas sobre el cumplimiento de los principios democráticos.
En respuesta a esas acusaciones, el entonces representante Luis Carlos Ochoa, quien ejercía como ponente del proyecto, defendió su postura, negando que hubiese cualquier tipo de inclinación hacia el Clan Torres. Ochoa afirmó que su participación en ese proyecto obedecía únicamente a una cuestión técnica dentro de los procedimientos legislativos y que su objetivo es promover la libre competencia y el mercado abierto. Además, dejó ver su intención de revisar y, de ser necesario, modificar el artículo 15 y otros apartados controvertidos, con el fin de garantizar que todos los oferentes tengan las mismas oportunidades en futuras licitaciones relacionadas con el SICOV.
A pesar de los intentos de conciliación, el futuro del proyecto de ley 233 seguía siendo incierto. La creciente presión política y económica sobre ese tema puso en evidencia la necesidad urgente de asegurar la transparencia en la gestión pública. En un país donde la desconfianza en las instituciones y los actores políticos es una preocupación constante, el escrutinio de la opinión pública sería decisivo para definir el destino de esta controversia legislativa que hoy en día se disputa entre los dos clanes de las familias Char y Torres.
Lo cierto es que a medida que el conflicto avanza, también lo hacen las sombras de la corrupción. Los Char han sido acusados de involucrarse en escándalos políticos que datan de hace años, mientras que los Torres no se quedan atrás, con investigaciones por financiación irregular de campañas y otras controversias judiciales.
Pero, como todo en la política, este conflicto será una pelea de desgaste. Barranquilla y Puerto Colombia seguirán siendo escenario de una lucha de poder protagonizada por las mismas familias, pero con un territorio de por medio que promete más disputas y más dinero. Así que, si pensabas que todo estaba claro, prepárate: la guerra por las hectáreas sigue viva, y las sorpresas no han hecho más que comenzar.
¿Realmente está favoreciendo el desarrollo equilibrado de todos los municipios o si, por el contrario, está creando un desequilibrio entre estos para buscar expandir su influencia de manera unipersonal?
A medida que se desenvuelven estos hechos, se hace fundamental prestar mayor cuidado, atención y observar cómo viene impactando a las comunidades fuera de Barranquilla, como también si su liderazgo beneficia a la región en su conjunto o si, finalmente, se convierte en una concentración de poder que limita la autonomía en un «yo con yo» o, «lo tuyo es mío y lo mío también».
