La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación, ha logrado la judicialización de tres presuntos responsables de los crímenes cometidos contra líderes sociales en los departamentos de Norte de Santander y Valle del Cauca. Los imputados enfrentan cargos por homicidio, tráfico de armas y otros delitos relacionados, y deberán cumplir medida de aseguramiento en prisión.



Ataque sicarial en Cúcuta
En el caso de Cúcuta, Brayan Ferney Claro Torres fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por homicidio agravado, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. Claro Torres está vinculado al asesinato del líder social Fabio Alex Ortega Acero, ocurrido el 19 de diciembre de 2024. El ataque se produjo en medio de un intercambio de disparos con el esquema de seguridad de la víctima, en el que Claro Torres sería uno de los sicarios implicados.
Crimen de líder campesino en Palmira
En el Valle del Cauca, la Fiscalía imputó a Álvaro Alex Garzón Gaviria, alias «Jimmy» o «El Indio», señalado de pertenecer a la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc. Garzón está vinculado al asesinato del líder campesino José Antonio Lozano Fuentes, ocurrido el 22 de febrero de 2024 en la zona rural de Palmira. Según la investigación, el grupo armado de Garzón interceptó y asesinó a Lozano, quien intentó escapar. Los cargos en su contra incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego.
Judicialización de ‘alias Pollito’ por homicidio en Buenaventura
En Buenaventura, la Fiscalía judicializó a Hanier Julián Suárez Torres, alias «Kike» o «Pollito», presunto miembro de la banda criminal «La Local». Suárez está vinculado al asesinato de Johan Marcelo Montaño, líder social y cultural de la región, ocurrido el 9 de mayo de 2023. Se le acusa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El ataque se produjo cuando Suárez y otros miembros de la banda agredieron a Montaño y huyeron del lugar en una motocicleta.
La Fiscalía continúa trabajando en la identificación y judicialización de responsables de crímenes contra líderes sociales, con el fin de garantizar justicia y protección para quienes defienden los derechos humanos en el país.