La entidad insta a priorizar la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado, especialmente en regiones como Chocó, donde la violencia y el desplazamiento alcanzan niveles alarmantes.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una grave alerta sobre la situación humanitaria que atraviesa Colombia, señalando que el 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales, lo que agrava el contexto de violencia, desplazamientos y amenazas en diversas regiones del país.
Según la entidad, al menos once focos de emergencia humanitaria impactan de manera desproporcionada a las poblaciones campesinas, afrocolombianas, indígenas, y a niños, adolescentes, y jóvenes.
“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, afirmó Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo.
Esta crisis es impulsada por la acción de diez grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, y las disidencias comandadas por alias “Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”.
Uno de los focos más críticos de violencia se encuentra en el Chocó, especialmente en la subregión del San Juan, donde desde principios de febrero se registran intensos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, así como la presencia de las disidencias de alias “Mordisco”.
Estos enfrentamientos han generado desplazamientos masivos, y la comunidad Wounan se ve especialmente afectada por las restricciones de movilidad y acceso a recursos esenciales. La situación se agrava con la presencia de minas antipersona, que ponen en riesgo la vida de los habitantes, incluidos niños y escolares.
La Defensoría también ha documentado crisis humanitarias en otras regiones del país, como Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, Antioquia, Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, este último en alto riesgo debido a las elecciones atípicas del 23 de febrero.
“Es preocupante, pero no es irremediable”, señaló Marín Ortiz, quien instó a las autoridades nacionales y locales a tomar acciones inmediatas para proteger a las comunidades afectadas. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga y fortalezca su apoyo a las iniciativas humanitarias y exija el respeto a los derechos de las personas.
El Gobierno nacional también fue instado a continuar exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto al derecho humanitario, así como la liberación inmediata de niños y adolescentes reclutados por los grupos armados ilegales y la suspensión de esta práctica.
La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará denunciando la crisis, exigiendo respuestas efectivas para garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios afectados.
Y.A.
