El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado la creación de una comisión especial encargada de diseñar un proyecto definitivo de reforma constitucional en un plazo de 90 días. Este proceso busca actualizar la Constitución vigente desde 1999 e incluir cambios en la estructura del poder y el modelo económico del país.
La comisión estará liderada por el fiscal general Tarek William Saab e integrada por figuras clave del chavismo, como la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el diputado Hermann Escarrá, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, y altos representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Defensa.
Durante una sesión extraordinaria del Parlamento, Maduro pidió que el proceso de reforma se base en un debate amplio e incluyente, con el objetivo de construir una propuesta “bella y perfecta” que represente las nuevas realidades del país. Según el mandatario, ya existe un primer borrador con tres grandes ejes de discusión y una actualización alineada con su visión de Estado.
Uno de los puntos clave de la reforma es la ampliación del poder comunal, sumándolo a los niveles de gobierno nacional, regional y municipal. Además, Maduro destacó la necesidad de construir una sociedad basada en los principios de paz y establecer sanciones más severas contra lo que calificó como amenazas fascistas, sionistas y neofascistas, asegurando que Venezuela no tolerará estos movimientos y aplicará las penas más drásticas contra ellos.
El líder chavista también subrayó la importancia de aplastar el fascismo y adelantó que la reforma contemplará un nuevo modelo económico diversificado, buscando reducir la dependencia petrolera y fortalecer la economía del país con sectores alternativos.
La actual Constitución fue aprobada en 1999 bajo el gobierno de Hugo Chávez, tras un referéndum con el 71% de apoyo. En 2017, el chavismo impulsó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de reformarla, pero esta nunca redactó un nuevo texto y terminó asumiendo funciones legislativas hasta su disolución en 2020. Ahora, con la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, Maduro intenta nuevamente modificar la Carta Magna, lo que podría generar cambios profundos en la estructura política y económica del país.
