La exgobernadora de Huila, Cielo González Villa, no está cumpliendo una condena de seis años por corrupción en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, como creen en su departamento y en el mundo político que la vio convertirse en la baronesa electoral del sur del país.
Cielo es una condenada VIP porque, el pasado 18 de diciembre, el Inpec la trasladó del Buen Pastor a una finca de carabineros de la Policía en Bogotá. Un sitio para unos cinco presos privilegiados. Ahí está, por ejemplo, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, imputada por el escándalo de Gestión del Riesgo.
En esa estación de carabineros no hay restricción de movilidad interna. Cielo tiene habitación independiente con baño. Además, puede salir a zonas verdes, visitar la capilla, usar una sala comedor, televisores y comprar la comida del rancho que administra la Policía.
Plata no le falta. Cielo y su esposo, Germán Trujillo Manrique, son una pareja condenada por apropiarse y desviar plata pública en temas como la alimentación escolar y el agua, que logró conservar una gran fortuna. Esta investigación de La Silla Vacía revela que tienen casas campestres, lotes y apartamentos en exclusivos sectores de Bogotá, Cundinamarca y Cartagena.
A Cielo le dieron el beneficio de la finca por cárcel en el Inpec por supuestas amenazas que recibió en el Buen Pastor. Pero también por la intermediación de poderosos como su hermano, el senador Carlos Julio González Villa, de Cambio Radical. Cielo y Carlos Julio son las cabezas de ese partido en Huila y les han movido votos a presidentes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o a candidatos como Germán Vargas Lleras.
El de Cielo es un trato particular que también tuvo su esposo, Germán Trujillo Manrique, el zar de la alimentación escolar. A Trujillo lo condenaron en 2019 por robarse la plata de la alimentación escolar, PAE, de los niños de Santander con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana, de la que era el dueño a la sombra. Se apropió de la plata pública con facturas de tamales de 30 millones de pesos con empresas de grúas, por ejemplo. Pero como hizo un acuerdo con la Fiscalía, su condena fue de solo tres años, los cuales, en su mayoría, cumplió en centros similares al de carabineros y en un apartamento en Floridablanca. Anda libre desde 2020.
Mientras tanto, a entidades públicas como la Alcaldía de Neiva les está tocando indemnizar a las trabajadoras que prepararon por años los alimentos escolares de los contratos que manejó la empresa vinculada a los esposos. Jueces laborales han encontrado que a las cocineras no les pagaban salud, ni pensión, ni lo justo por sus tareas.
La “mala conocida”
Cielo González Villa es una abogada de 57 años de edad que escaló rápido en la política. Tras ser diputada entre 2001 y 2002, y alcaldesa de Neiva entre 2004 y 2007, fue cónsul en Uruguay durante el gobierno Uribe. Y luego elegida gobernadora en 2011. Les movió votos a Uribe en 2006, a Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 y en 2018 a Germán Vargas Lleras.
Ha hecho política con la justicia encima. Cuando aspiró a la Gobernación tenía activas investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía por irregularidades en contratación del paso por la Alcaldía. Sus rivales usaron ese dossier judicial para atacarla y Cielo lo convirtió en una fortaleza.
“Quiero decirles a los huilenses que nos acompañen, hay un viejo refrán que dice: que es mejor lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Ustedes ya conocen quién es Cielo González Villa”, dijo días antes de las elecciones.
Desde entonces es la mala conocida que mueve miles de votos en Huila.
En esa campaña, Cielo reportó que se gastó unos 500 millones de pesos, de los cuales 220 millones fueron puestos por su esposo Germán Trujillo. Tras ganar, lo de la Gobernación les duró poco porque la Procuraduría la destituyó al confirmarle tres sanciones disciplinarias seguidas de casos pendientes de la Alcaldía.
En 2013, Huila tuvo que ir a elecciones atípicas y Cielo, alegando que su salida fue una persecución política por parte del senador Rodrigo Villalba, promovió el voto en blanco. Tanto empeño le metió a esa campaña, que hubo 77 mil votos en blanco, mientras que el ganador, Carlos Mauricio Iriarte, quien fue el único candidato, obtuvo 119 mil votos.
Los González Villa tuvieron revancha pronto. Fueron pilares de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014 y recuperaron la Gobernación en 2015 con Carlos Julio, el hermano de Cielo. Él puso la cara, pero la de los votos fue ella. “2×1” decía la publicidad que hicieron con el aval de Cambio Radical.
Con la reconquista de la Gobernación, los hermanos se cotizaron y Germán Vargas Lleras los buscó para que se volvieran las cabezas de Cambio Radical allá. Cielo fue la coordinadora regional de la recolección de firmas de la campaña presidencial, armó la lista a la Cámara de Huila y terminó apoyando al Senado a Rodrigo Lara Restrepo. “La indestructible Cielo”, decía Lara cuando Cielo le hacía campaña.
El resultado fue dos de tres. El clan sacó como representante a la Cámara a Julio César Triana, un aliado político de toda la vida, y le puso más de 20 mil votos en Huila al Senado de Lara.
Con esa fuerza, Cielo contempló aspirar al Senado en 2022. Pero los líos judiciales de su Alcaldía y Gobernación tomaron vuelo y ella no se candidatizó. El que terminó en el Senado fue su hermano Carlos Julio. En esa campaña los hermanos tuvieron el respaldo del equipo del exsenador Villalba, al que habían acusado de estar detrás de la sanción de la Procuraduría.
Las sentencias que la tienen en la finca por cárcel
Las condenas que tienen a Cielo en una finca de carabineros en Bogotá son de la Corte Suprema de Justicia.
La más reciente es de junio del año pasado. La Corte la encontró culpable de irregularidades en la contratación de la fabricación y distribución del aguardiente Doble Anís en 2012 y la sentenció a seis años de cárcel. La otra condena es por cuatro años de cárcel por irregularidades en un contrato para construir acueductos cuando fue alcaldesa.
En los dos procesos, los magistrados de la Corte han reprochado las conductas de Cielo haciendo referencia a que ella es abogada de profesión y en varias instancias fue advertida por sus subalternos de que se trataba de negocios irregulares.
La exmandataria se ha defendido ante los jueces diciendo que siempre se asesoró con abogados expertos en contratación como Jorge Pino Ricci. El asesor Pino Ricci ha sido protagonista de otros episodios de contratación pública como Vitalogic de Rodolfo Hernández en Bucaramanga, Centros Poblados en el gobierno de Iván Duque o el “carrusel de la contratación” de Bogotá.
A pesar de las condenas, Cielo mantiene activa su defensa judicial. Por ejemplo, logró que la Corte Constitucional seleccionara para revisión una tutela suya — entre 85 mil que analizó en ese momento— que pide tumbar una de las condenas. Esto ocurrió por insistencia del magistrado Juan Carlos Cortés.
Cortés comparte sala de revisión con un magistrado conocido de los González Villa: Vladímir Fernández, quien también es huilense. Antes de llegar a la Corte, Fernández los representó y asesoró en pleitos. El senador Carlos Julio le ayudó a hacer lobby para ser elegido magistrado en 2023.
Fernández tuvo que declararse impedido para estudiar o votar la tutela de Cielo porque reconoció esa amistad. “Haber asesorado jurídicamente a la señora González Villa, demuestra la existencia de un interés actual, especial y personal que no permitiría una absoluta independencia e imparcialidad en el análisis y decisión del asunto sometido a control judicial”, dijo Fernández.
Frente a la otra condena, la exgobernadora presentó un recurso de apelación que debe resolver la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está siendo asesorada por la firma de abogados de Jaime Lombana.
En despachos judiciales del Huila reposan otros casos contra Cielo. Por ejemplo, uno de la Alcaldía por inversión irregular de recursos de regalías, un caso por el que han sido condenados subalternos suyos como el tesorero o el secretario de Hacienda.
La historia judicial de su esposo Germán Trujillo Manrique tiene similitudes.
Un esposo que pagó poco
Germán Trujillo es un tecnólogo en administración de empresas de 56 años de edad que se ganó la etiqueta del zar de la alimentación escolar del país porque desde 2008 se metió en el negocio de la contratación de los almuerzos que deben llegar a las escuelas y colegios públicos del país. Eso, a la par, de que su esposa escalaba en la política.
En 2011, El Tiempo lo retrató como el zar de las raciones escolares, haciendo énfasis de lo rápido que escaló en las esferas de la contratación pública. Pero Trujillo solo entró en el radar de las autoridades desde 2016.
Ese año, por denuncias ciudadanas y revelaciones de medios como La Silla Vacía, la Fiscalía puso la lupa sobre un contrato de 35 mil millones de pesos del PAE que la Gobernación de Santander le dio a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana. Trujillo no aparecía en ningún papel oficial de la empresa, pero era el dueño en la sombra.
La Fiscalía encontró que Surcolombiana se ganó el contrato porque estaba amarrado desde los pliegos. Y que Trujillo desvió por los menos 2 mil millones de pesos de la comida de los niños santandereanos con facturas falsas como la de los tamales de 30 millones pesos a una empresa de grúas o con supuesto suministros de alimentos de empresas que no existían o estaban inactivas.
De acuerdo con documentos de la Fiscalía a los que accedió La Silla, fue evidente que Trujillo usó la plata de la comida de los niños para comprar un apartamento en un exclusivo sector de Barranquilla, darles plata a sus hermanos Catalina, Juan Pablo y Libia Trujillo Manrique. O, incluso, para pagar las tarjetas de crédito de su esposa, Cielo González. La plata salió de los bancos con cheques de gerencia que cobraron empleados de Trujillo.
Cielo González Villa también tiene su propia historia con la Cooperativa Surcolombiana. Documentos internos registran que la exgobernadora facturó ahí, entre 2013 y 2016, como asesora. Aliados políticos de Cielo y Carlos Julio han rotado como socios y funcionarios. Otro hermano, Celiano, controló la empresa en 2008.
La relación documentada de Cielo con Surcolombiana, que arranca cuando sale sancionada de la Gobernación y termina con el corrupto contrato del PAE de Santander, también coincide con los años en los que la Cooperativa operó sin rivales el negocio de la alimentación escolar del Huila.
Con la Gobernación se ganó los contratos de 2014 y 2015. Esos mismos años la empresa operó los contratos de la Alcaldía de Neiva, en manos de Pedro Hernán Suárez (al que Cielo apoyó en campaña) y de la Alcaldía de Pitalito, de Miguel Rico Rincón, quien fue la fórmula de la Gobernación de Carlos Julio en ese municipio en 2015.
Ese periodo fue el de mayor bonanza para Multiactiva Surcolombiana. Según los estados financieros, en 2016 la empresa tuvo ingresos por 131 mil millones de pesos, que al final le dejaron una utilidad de 17 mil millones. En esas cuentas entró lo de Santander.
Las prácticas comerciales de Surcolombiana fueron ilegales en otras regiones del país, además de Santander. En julio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, acusó a Surcolombiana y a Trujillo de hacer parte de un cartel de una decena de empresas que manejó irregularmente la alimentación escolar de Bogotá entre 2007 y 2017. Contratos por el orden de 1.5 billones de pesos.
La SIC confirmó que Trujillo Manrique era el poder de Surcolombiana. Al revisar las finanzas de la empresa, determinó que recibió solo en 2015 pagos por el orden de los 1.500 millones de pesos (casi 125 millones mensuales); y en el 2016 un poco más de los mil millones de pesos. Esto, mientras a la representante legal, Luis Fernanda Flórez, le aparecía un pago mensual de un millón quinientos mil pesos.
Por el corrupto contrato de Santander, Trujillo fue capturado en 2018 y condenado en 2019 a tres años, de los cuales su mayoría estuvo fuera de la cárcel. “Fue una condena baja, porque Surcolombiana manejó en Santander contratos por 82 mil millones de pesos. La Fiscalía solo investigó uno de los contratos”, dijo María Juliana Acevedo, directora de transparencia por Santander.
El zar del PAE obtuvo el beneficio de la domiciliaria en septiembre de 2019 en Floridablanca y luego de la liberación condicionada en 2020 porque hizo un acuerdo con la Fiscalía que incluyó devolver, en un solo pago, unos 2 mil millones de pesos. El depósito firmado por su puño y letra entró al Banco Agrario.
Trujillo pidió la domiciliaria bajo el argumento de que debía encargarse de sus dos hijos porque su esposa Cielo se la pasaba en Huila haciendo política y carecía de recursos para cumplir con el sostenimiento de los menores.
Antes de quedar en manos de la justicia, el empresario había intentado borrar sus huellas de la internet. En marzo de 2017, cuando ya había firmado el contrato de Santander, el empresario Trujillo pagó 2.550 dólares a una ragencia española, Eliminalia, para borrar historial de noticias sobre sus escándalos de corrupción. Por ejemplo, pagó para eliminar el reportaje de El Tiempo “Tras el zar de la contratación de las raciones alimenticias en el país”.
En medio del proceso para conocer la condena de los tres años acordada con la Fiscalía, Trujillo fue hasta Bogotá a repartir su patrimonio con su esposa Cielo.
El patrimonio que consiguieron
En papeles son alrededor de 8 mil millones de pesos. A precios de mercado puede ser el triple.
El 3 de mayo de 2019, Cielo y Germán registraron en la Notaría Once de Bogotá una distribución de los bienes que estaban a nombre de él. Ahí quedó detallado parte del patrimonio que los dos construyeron por lo menos desde 2008. En papeles, Cielo y Germán liquidaron su sociedad conyugal, pero hasta hoy siguen siendo pareja.
El listado de bienes lo encabezan apartamentos en el sector del Chicó en Bogotá.
El primero lo compró Trujillo en 2016 por un valor de 540 millones de pesos. Tiene 60 metros cuadrados. El segundo es de 285 metros cuadrados y Trujillo lo adquirió en 2018 por 500 millones de pesos, según el certificado de libertad y tradición.
El monto de la compra no necesariamente refleja el valor de esas dos propiedades. Por ejemplo, en el edificio en el que está el segundo apartamento hay inmuebles para la venta que oscilan en los mil y los mil 500 millones de pesos.
Y hay un tercer apartamento que compró Trujillo en 2015. Tiene 73 metros cuadrados y lo adquirió por 570 millones de pesos. Una propiedad con esas dimensiones hoy allá se puede negociar por encima de los mil millones de pesos.
El patrimonio inmobiliario familiar también se extendió fuera de Bogotá.
Trujillo también le pasó a Cielo la propiedad de un lote en el condominio campestre La Reserva del Potosí, que queda en La Calera. Ese predio tiene una extensión de 2.900 metros cuadrados. Él lo compró en 2014 por un valor de 823 millones de pesos. Actualmente, una propiedad en Reserva del Potosí con casa construida se puede conseguir entre los 2 mil y 8 mil millones de pesos. El solo lote se puede comprar actualmente entre los mil y los mil 500 millones de pesos.
En ese condominio tienen propiedad empresarios del sector energético y altos funcionarios públicos. Hay dos canchas de tenis, lagos artificiales, senderos ecológicos y otros escenarios deportivos.
Hay otra casa campestre en el inventario familiar. Está ubicada en el condominio Kubik Aqua de Anapoima, Cundinamarca. Esa propiedad es de 2.500 metros cuadrados y fue en la que Trujillo pasó unos días, recién quedó en libertad. El negocio de esa casa finca tiene sus particularidades.
El primer propietario oficial del predio en 2009 fue una fundación que se llamó Mykonos. Esa fue una sociedad que montó Germán Trujillo con dos amigos más: Carlos Felipe Calderón Rosero y Camilo Obregón.
Calderón Rosero fue socio y gerente de una empresa constructora que se quedó con millonarios contratos durante la alcaldía de Cielo entre 2004 y 2007. Por ejemplo, el de la construcción de un puente por más de 10 mil millones de pesos conocido como El Tizón, que conecta a Neiva con la salida a Bogotá.
Mykonos puso dentro de su capital el lote del condominio en Anapoima.
En 2015, la fundación le cedió la propiedad a Luisa Fernanda Flórez, la entonces representante legal de Multiactiva Surcolombiana, la empresa contratista del PAE de propiedad de Trujillo. En 2019 la casa finca pasó a manos de Cielo.
La de Kubik Aqua es una propiedad lujosa. En el mercado inmobiliario hay ofertas de casas allá entre los 2.500 y 3 mil millones de pesos. Además, queda al lado del Mesa de Yeguas Country Club, otro sector de exclusividad.
Y está la casa de Cartagena. Allá, Trujillo, en compañía de otros empresarios del sector de la alimentación, compró en 2008, post alcaldía de Cielo, una casa de unos 200 metros cuadrados en Getsemaní, uno de los barrios más turísticos. El mercado inmobiliario ofrece casas con esas características desde 2 mil millones de pesos.
Los bienes repartidos por los esposos en la Notaría Once de Bogotá pasaron días después a pertenecer a una empresa que creó Cielo que se llama Asesorías y Asesorías Profesionales. En 2020, esa empresa amplió el inventario porque compró otro apartamento de 300 metros cuadrados en Bogotá por un valor de 2 mil millones de pesos.
Cielo se lo compró a una sociedad que se llama Libman, fundada por la familia de Germán Trujillo Manrique.
En marzo de 2024, con la primera condena encima y con casa por cárcel, Cielo dejó el manejo de la empresa en manos de Vladímir Pérez, cercano a la casa González Villa. Pérez Paredes es el coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del senador Carlos Julio González Villa y también ha desempeñado roles en la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana.
Los activos de esa empresa, donde están guardados los bienes repartidos por Cielo y Germán, hoy, en papeles, son del orden de los 8 mil millones de pesos. El mercado inmobiliario los pone más arriba.
Ahora Germán está buscando aumentar ese inventario inmobiliario. En el proceso por el corrupto contrato de Santander, la Fiscalía le alcanzó a declarar la extinción de dominio a un apartamento en Barranquilla porque, dice, Trujillo lo compró con la plata que desvió.
Es un apartamento de 100 metros cuadrados, ubicado en un sector de valorización, que Trujillo negoció en compañía de Camilo Obregón, el mismo amigo socio con el que había montado la fundación Mykonos de la casa campestre de Anapoima, Cundinamarca.
Trujillo demandó a la Fiscalía para recuperar ese apartamento porque señaló que ya había saldado su deuda con la justicia cuando devolvió los 2 mil millones de pesos en un cheque. Jueces y hasta la Corte Suprema de Justicia han negado ese pedido, y el apartamento pasó a manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Pero él sigue insistiendo.
Desde 2008 hay registros de otros negocios de Trujilo de compra y venta de apartamentos en Santa Marta, Barranquilla y Bogotá. También fuera del país. En 2011, cuando Cielo estaba por ganar la Gobernación del Huila, Trujillo registró en compañía de dos amigos una empresa offshore en Panamá, que se llamó Protegemos, cuyo objeto social fue la compra y venta de inmuebles.
Protegemos tuvo un capital autorizado de 10 mil dólares y fue administrada por Mossack Fonseca, la firma especializada en crear empresas offshore -que se podían usar para evadir impuestos o lavar activos- cuyos correos fueron filtrados y dieron lugar a la gran revelación de los Panama Papers.
Protegemos dejó de estar activa en 2017, según registros públicos de Panamá. .
Libre, Trujillo también está buscando tumbar la multa de 300 millones de pesos que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por cartelizar el negocio de los comedores escolares de Bogotá. Además de eso, está pidiendo una indemnización de unos 100 millones más.
A quien ya le está tocando asumir indemnizaciones ajenas es a la Alcaldía de Neiva. Decenas de trabajadores de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana están reclamando prestaciones sociales que la empresa nunca les pagó. Como Surcolombiana ya no existe jurídicamente y nadie responde por ella, y varios de esos contratos del PAE esa empresa se los ganó en la Alcaldía, las mujeres están apuntando a una reparación solidaria.
La cuenta de las indemnizaciones asumidas con plata pública de la Alcaldía ya va por los 140 millones de pesos. Mientras el capital de la pareja de esposos se mantiene intacto.
Las trabajadoras damnificadas por el esposo de Cielo
Desde el 2017 a los juzgados laborales de Neiva han llegado una decena de demandas contra la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana y el Municipio de Neiva. Son de mujeres que dijeron haber preparado los desayunos y almuerzos de los contratos que se ganaron las empresas relacionadas a Germán Trujillo con el Municipio. Las denunciantes insisten en que no obtuvieron los pagos que correspondían por eso.
Gertrudis Sánchez Mosquera es una de ellas. En síntesis, dijo que cumplía un horario laboral desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde preparando la comida en colegios públicos. Y que, desde 1999 hasta 2014 no fue afiliada a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y ARL, por lo que nunca le efectuaron aportes a los mismos.
Añadió que la relación laboral culminó sin mediar manifestación del motivo por parte de la Multiactiva Surcolombiana. Metió en el pleito al Municipio porque era el contratante de la Cooperativa.
El juzgado segundo laboral de Neiva y el Tribunal Superior accedieron a algunas pretensiones de Sánchez y condenó a Surcolombiana al pago de 59 millones de pesos y llamó en garantías a la aseguradora Seguros del Estado.
Como la de Gertrudis Sánchez, juzgados de Neiva han fallado dos demandas más. Las condenas suman 144 millones de pesos. Y la cuenta puede seguir creciendo porque en despachos de jueces laborales hay otras demandas en curso y otras camino a pago de hechos relacionados con la mala prestación del servicio de Surcolombiana. Por ejemplo, la de la reparación a una familia de un niño que sufrió una intoxicación en 2010 porque Surcolombiana le dio un refrigerio en estado de descomposición.
Surcolombiana no ha respondido en esos pleitos porque los demandantes no han logrado notificar a sus dueños y está camino a la liquidación. Y los archivos de la empresa desaparecieron antes de que la Fiscalía los pudiera encontrar. Cuando los investigadores de Fiscalía allanaron la sede matriz de Surcolombiana en Neiva en 2019, se encontraron que la noche anterior la habían desocupado llevándose computadores y archivos físicos.
Como Surcolombiana no dejó huella, las indemnizaciones las han tenido que asumir el Municipio, que administró Cielo 20 años atrás, y las aseguradoras.
Fuente: www.lasillavacia.com
