En medio de una manifestación pacífica a las afueras de la Alcaldía de Santa Marta, el alcalde trató de ladrones a la comunidad afectada tras el proceso de recuperación del bien de uso público.
Las decenas de familias afectadas por la demolición de sus viviendas en el sector de Garagoa en medio de un procedimiento de recuperación de un bien de uso público, protestaron recientemente a las afueras de la Alcaldía de Santa Marta, exigiendo respuestas y soluciones al alcalde Carlos Pinedo.
Aunque la comunidad esperaba ser recibida con los brazos abiertos y con una administración dispuesta a escuchar y conciliar, lo que encontró fue un rechazo por parte del mandatario local, quien en pocas palabras trató de ladrones a los manifestantes.
“Las casas demolidas en Garagoa eran las que se estaban robando”, fue la frase del alcalde que avivó aún más la indignación de las personas afectadas.
Estas palabras, lejos de apaciguar los ánimos, ofendieron profundamente a la comunidad samaria en general, que se ha solidarizado con aquellos que quedaron sin hogar tras la demolición de sus casas.
«No somos delincuentes, hoy somos madres sin hogar», fue una de las frases con las que la comunidad respondió a las declaraciones de Pinedo. En sus reclamos, los manifestantes también exigieron reparación directa por los daños ocasionados, argumentando que la demolición de sus viviendas destruyó años de sacrificio y esfuerzo para obtener un techo digno.
Asimismo, la comunidad afectada se refirió a las afirmaciones realizadas por la información entregada por la administración distrital, en la que se afirma que el terreno en mención estaba siendo ocupado por actores ilegales.
“Aquí no hay gente mala, todos somos buenas personas que trabajamos por nuestros sueños y el futuro de nuestros hijos (…) esta comunidad está compuesta por trabajadores honestos y no por delincuentes, como dice el alcalde», señaló uno de los afectados.
A pesar de todo lo anterior, las familias insisten en tener una reunión directa con el alcalde Pinedo, para llegar a lo que ellos llaman una solución real y, de esa forma, evitar que más personas queden en la calle.
Finalmente, hay que precisar que, desde la Alcaldía, se afirma que el proceso de demolición se ha realizado bajo los parámetros de ley y que no se han vulnerado los derechos de las personas afectadas.
Además, que en este terreno se construirán 250 viviendas de interés prioritario para garantizarle el acceso a vivienda digna a las familias más vulnerables del Distrito.
