En el marco del quinto ‘Seminario de Acueducto y Alcantarillado’, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, reveló alarmantes cifras sobre el robo de agua en Colombia, situando a Barranquilla en el tercer puesto.
Barranquilla no es ajena a una problemática que afecta a varias ciudades del país: el robo de agua. En su intervención en el seminario, realizado el pasado jueves en la capital del Atlántico, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), informó que la ciudad se encuentra entre las principales en cuanto a esta práctica ilegal.
Según sus declaraciones, Barranquilla se ubica en el tercer lugar del ranking nacional, con un total de 15 millones de metros cúbicos de agua robada al año.
Sánchez destacó que la cifra es considerable y que es fundamental tomar conciencia sobre las implicaciones de este delito. “La ciudad está en el top cinco de Colombia. Este volumen de agua hurtada es significativo, y queremos aclarar que los empresarios no estamos peleando con los usuarios. Estamos haciendo todo lo posible para mantener los costos al mínimo posible, ya que los costos no los inventan los gerentes, son técnicos y deben pasar por la CRA (Comisión de Regulación de Agua)”, afirmó el presidente de Andesco.
El robo de agua se produce mediante diversas modalidades, entre las que se destacan las conexiones ilegales, la alteración de medidores y el uso irregular de hidrantes. Estas prácticas afectan no solo la infraestructura de las redes de distribución, sino que también impactan negativamente en los costos del servicio para los usuarios que cumplen con sus pagos.
Además de Barranquilla, otras capitales colombianas registran altas cifras de robo de agua. Cartagena lidera el ranking con 25 millones de metros cúbicos al año, seguida de Medellín con 16 millones, Barranquilla con 15 millones, Cúcuta con 8 millones, Bogotá con 4 millones y Sincelejo con más de 2 millones.
Para mitigar los efectos de esta problemática, Sánchez enfatizó la importancia de que el Gobierno Nacional continúe brindando subsidios que permitan a los usuarios contribuir al sistema sin que la carga económica sea mayor. Esto, según él, es esencial para garantizar la sostenibilidad del servicio en la región Caribe y en otras zonas del país.
El robo de agua no solo representa una pérdida significativa de recursos naturales, sino que también pone en riesgo la estabilidad de los servicios públicos, afectando a quienes sí cumplen con sus responsabilidades y contribuyen al sistema.
