Nuevos gravámenes afectarían exportaciones de petróleo y carbón, juegos de azar y trámites notariales.
El Gobierno Nacional planea implementar nuevos impuestos por más de 90 días bajo el marco de la conmoción interior, con el propósito de financiar intervenciones en la región del Catatumbo. Sin embargo, diversos sectores advierten que esta decisión podría exceder los límites constitucionales.
A través de un decreto que será publicado en las próximas horas, el Ministerio de Hacienda busca recaudar más de $4.519 millones mediante la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a plataformas de juegos de suerte y azar.
Además, se establecerá un 1 % de impuesto sobre las exportaciones de petróleo crudo y carbón, con lo que se espera recaudar alrededor de $214.000 millones. No obstante, representantes del sector advierten que esta medida podría violar los tratados de libre comercio firmados por Colombia.
Reacciones del sector energético y minero
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbon), Carlos Cante, criticó la decisión, afirmando que el sector ha enfrentado múltiples dificultades por las políticas del Gobierno Nacional. “Este es un sector que durante estos dos años y medio ha venido enfrentando el odio y la pugnacidad de parte del Gobierno Nacional”, aseguró.
Por su parte, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), advirtió que estas medidas reducirán las finanzas de las empresas del sector en más de $200.000 millones, lo que afectará el desarrollo de nuevos proyectos y la generación de empleo. “Se van a reducir los proyectos en ese mismo valor y, por ende, los encadenamientos productivos en el territorio y la mano de obra en el territorio”, explicó.
Más impuestos en trámites notariales
Otra de las medidas incluidas en el decreto es la imposición de un impuesto de timbre del 1 % sobre los trámites notariales, con lo que se espera recaudar $330.000 millones.
Este paquete de impuestos hace parte de las estrategias del Gobierno Nacional para financiar la intervención en el Catatumbo, aunque su implementación ha generado preocupación en sectores económicos y jurídicos del país.
Y.A.
