La sentencia baja a 127 meses, pero se mantiene la inhabilitación y la multa por corrupción en Triple A.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una decisión definitiva en el caso de Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A S.A. E.S.P., confirmando su condena por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y administración desleal.
La sentencia, que representa un hito en la lucha contra la corrupción en el país, modifica parcialmente la decisión previa del Tribunal Superior de Barranquilla y ratifica una pena de 127 meses y 9 días de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por 55 meses y una multa de 33.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
Un desfalco millonario y un proceso complejo
Los hechos que dieron origen a esta condena ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando Navarro Pereira, en su rol de gerente de Triple A, valiéndose de su posición, facilitó el desfalco de 27.000 millones de pesos. Para ello, se crearon 54 órdenes de pedido ficticias y cuatro contratos de consultoría simulados, con el pretexto de realizar un estudio de viabilidad normativa basado en la Resolución CRA 628 de 2013. Según la sentencia, estos gastos fueron registrados como operaciones normales de la empresa y utilizados para calcular dividendos, beneficiando a socios privados, al Distrito de Barranquilla y a la empresa Inassa S.A..
Los recursos desviados fueron transferidos de Triple A a Recaudos y Tributos, una empresa vinculada a Inassa S.A., desde donde se retiraron a través de diversos proveedores. Esta operación fraudulenta permitió el enriquecimiento de particulares y el vaciamiento de los fondos de la empresa prestadora de servicios públicos.
Proceso judicial y apelaciones
La Fiscalía General de la Nación imputó a Navarro Pereira el 21 de marzo de 2018, y este se allanó a los cargos. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, en primera instancia, lo condenó el 7 de septiembre de 2020 a una pena de 55 meses de prisión domiciliaria, una multa de 25.005 smlmv y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en segunda instancia, incrementó la pena a 190 meses, elevó la multa a 50.000 smlmv y revocó la prisión domiciliaria.
La defensa de Navarro Pereira interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema, alegando la vulneración del debido proceso y la aplicación errada del artículo 349 de la Ley 906 de 2004, que establece la necesidad de reintegrar el incremento patrimonial obtenido por el delito para acceder a beneficios punitivos. La defensa argumentó que la exigencia de reintegro no aplicaba cuando el enriquecimiento benefició a terceros, lo que generó una rebaja de pena menor a la esperada.
Decisión de la Corte Suprema
En su fallo del 27 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia decidió casar parcialmente la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla. Si bien mantuvo la condena por los delitos imputados, redujo la pena a 127 meses y 9 días de prisión y la multa a 33.500 smlmv. Además, revocó la decisión del Tribunal sobre la prisión domiciliaria, restableciendo lo resuelto en primera instancia, lo que permitirá a Navarro Pereira cumplir su pena en su domicilio debido a su edad.
La Corte Suprema también hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que utilice todos los mecanismos legales disponibles para recuperar los fondos desviados, ya sea del condenado o de terceros que se beneficiaron del fraude.
SP3252-2024(59042) by LIBERTAD DIARIO
Así las cosas, este fallo marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el sector público y en la administración de justicia en Colombia. Si bien la rebaja de la pena puede ser vista como una concesión al procesado, también deja en evidencia la necesidad de revisar los criterios de rebajas punitivas en casos de corrupción de gran magnitud.
Por otro lado, el llamado de la Corte a la Fiscalía para que persiga la recuperación de los fondos públicos desviados es una medida clave para garantizar la reparación del daño causado. La decisión también refuerza la necesidad de un mayor control y supervisión en la gestión de los recursos de empresas mixtas y estatales.
El caso de Ramón Navarro Pereira refleja las debilidades y los desafíos del sistema judicial colombiano al abordar la corrupción. A pesar de los avances en el caso, queda por verse si se logrará recuperar el dinero público y si esta decisión servirá como un disuasivo efectivo contra futuros actos de corrupción en el país.
Y.A.
