El Gobierno de Venezuela ha rechazado los recientes datos de Naciones Unidas sobre la asistencia humanitaria en el país, calificándolos como “engañosos” y denunciando un supuesto esquema de corrupción en la distribución de los fondos.
El canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que las cifras divulgadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) buscan encubrir irregularidades en la gestión de los recursos destinados a la población venezolana. Según Gil, estos fondos habrían sido desviados y nunca llegaron a quienes realmente los necesitaban.
Además, señaló que parte de los recursos fueron utilizados para financiar a sectores de la oposición, apoyar campañas mediáticas e incluso fomentar disturbios en el país.
En medio de esta polémica, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) enfrenta un futuro incierto tras la decisión del presidente Donald Trump de cerrar sus oficinas en Washington. Elon Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, indicó que la medida busca reducir costos y evitar el mal uso de los fondos destinados a la ayuda internacional.
De acuerdo con datos oficiales, Usaid destinó en 2024 más de 44.000 millones de dólares en asistencia global, de los cuales 2.300 millones fueron dirigidos a programas en Latinoamérica.
Ante esta situación, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, propuso cooperar con Washington para extraditar a los opositores Juan Guaidó y Carlos Vecchio, acusados de beneficiarse de estos fondos mediante prácticas de corrupción y desvío de dinero.
El cierre de Usaid y las denuncias sobre el manejo de los recursos destinados a Venezuela generan interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional y el impacto de estas decisiones en la crisis humanitaria del país.
