El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal avanza en un contexto de alta tensión. A medida que se acerca la fecha límite de octubre de 2025 para la culminación del proceso, la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, ha manifestado su preocupación por la imparcialidad de la jueza Sandra Liliana Heredia, a quien acusa de vulnerar derechos fundamentales del exmandatario.
Granados afirmó que Uribe presentará su versión de los hechos como parte de su defensa, pero denunció que la jueza ha tomado decisiones que afectan el debido proceso. Según el abogado, la magistrada ha actuado de manera «hostil», lo que se evidenció cuando negó una solicitud de aplazamiento para que el expresidente pudiera atender compromisos internacionales. «Ella prácticamente lo forzó a estar tomando la audiencia bajándose del avión. Es decir, con una actitud totalmente irrespetuosa atropellando no solamente la dignidad de un expresidente y exsenador sino de una persona que tiene 72 años de edad y tiene la dignidad humana como cualquiera», afirmó Granados en entrevista con un conocido medio de comunicación nacional.
A pesar de las críticas, el abogado reconoció que el Tribunal Superior ha corregido algunas decisiones de la jueza, lo que considera una señal de que el Estado de derecho sigue vigente en Colombia. No obstante, advirtió que el manejo del caso podría comprometer la imparcialidad del proceso judicial.
«Lawfare» y trasfondo político
Granados aseguró que el caso contra Uribe responde a una estrategia de «lawfare», es decir, el uso del sistema judicial con fines políticos. Según el jurista, el proceso se inició en 2018, durante una contienda electoral en la que Uribe obtuvo una votación histórica como senador y su partido, el Centro Democrático, logró la presidencia.
Otro punto de controversia ha sido la recolección de pruebas. Granados denunció que Uribe fue interceptado ilegalmente durante un mes, periodo en el que se grabaron más de 20.000 conversaciones telefónicas. Además, cuestionó la imparcialidad de algunos funcionarios judiciales, incluyendo al fiscal que presentó el escrito de acusación. «Hemos tenido que confrontar al fiscal que presentó el escrito de acusación con todas las particularidades de ese escrito, la manera que asaltó a la defensa modificándolo faltando unas horas para la audiencia respectiva y quien había sido un directivo de la Fiscalía de Luis Eduardo Montealegre, ni más ni menos que una de las pretendidas alegadas víctimas de este proceso», explicó el abogado.
Uribe y su rol en la política colombiana
El abogado también destacó que, a pesar del juicio, Uribe sigue siendo una figura central en la política colombiana y su influencia en las elecciones de 2026 es innegable. «Siendo Álvaro Uribe el líder de la oposición en Colombia, el fundador del partido de oposición Centro Democrático y la figura más destacada de nuestra vida pública, pues es un actor indispensable para la discusión del 2026 así él no pueda ser candidato», afirmó Granados.
Prescripción y continuidad del juicio
Granados desestimó las acusaciones de que la defensa esté buscando dilatar el juicio para que el proceso prescriba. Según el abogado, si el caso hubiera seguido su curso inicial, la prescripción se habría extendido hasta 2030. «Nosotros no tenemos ninguna injerencia o responsabilidad porque se acerque el término prescriptivo el 8 de octubre de este año. Por la sencilla razón que si el proceso hubiera continuado como lo determinó cuando se hizo el traslado al sistema acusatorio, en la decisión tomada por la jueza de control de garantías, los términos de prescripción se extendían hasta febrero del 2030″, sostuvo Granados.
El abogado también aseguró que, en caso de una eventual condena, la sentencia será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que prolongaría el proceso hasta un fallo en segunda instancia. «Esa apelación, en cualquier circunstancia, implica que sea el honorable Tribunal Superior de Bogotá quien tenga que examinar esa apelación y el término de prescripción que llega al 8 de octubre de 2025 incluye hasta que se tome una decisión por parte del tribunal en segunda instancia», puntualizó Granados.
El papel de Diego Cadena en el caso
Finalmente, el defensor justificó la decisión de Uribe de contratar a Diego Cadena, quien ha sido señalado dentro del caso. Granados explicó que Cadena se ofreció como abogado del expresidente y que Uribe confió en su experiencia. «No, de modo alguno se puede calificar como un error el haber recurrido a un abogado para actividades investigativas que él no buscó. El abogado Cadena fue el que lo buscó a él, ofreció sus servicios, él confió por la experiencia de Cadena«, indicó.
Así las cosas, el proceso contra Álvaro Uribe sigue polarizando la opinión pública. Mientras sus seguidores ven una persecución política, sus opositores defienden que la justicia debe aplicarse sin distinción. La próxima etapa del juicio y las decisiones judiciales que se tomen marcarán un precedente histórico en el país.
Y.A.
