El pasado viernes, el alto tribunal declaró nula la Ordenanza 00075 del 7 de diciembre de 2009, que delimitaba los territorios entre Barranquilla y Puerto Colombia, devolviendo valiosos terrenos a la capital del Atlántico.
Por Redacción Locales
El Consejo de Estado confirmó la nulidad de la Ordenanza 00075 del 7 de diciembre de 2009, que delimitaba los límites territoriales entre Barranquilla y Puerto Colombia. Este fallo, que ratifica una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico de diciembre de 2016, devuelve a Barranquilla el control sobre una zona altamente valorizada, conocida como el Corredor Universitario.
La decisión tiene un gran impacto fiscal, urbanístico y social, ya que en esta área se encuentran importantes centros educativos, clínicas, viviendas de alto valor y proyectos en desarrollo como el megaproyecto urbanístico Ciudad Mallorquín. El fallo también implica que Barranquilla recibirá los tributos generados en esta zona, lo que representa un alivio para sus finanzas.
No hemos sido notificados sobre la sentencia: Alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño
El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, hizo un llamado a la calma y aseguró que “este fallo no podría implicar ningún cambio territorial de Puerto Colombia, pues no corresponde al Consejo de Estado definir los límites entre entes territoriales”. Además, enfatizó que el municipio “sigue teniendo el control administrativo, fiscal y jurídico sobre el Corredor Universitario” y que no han sido notificados formalmente sobre la sentencia.
En un comunicado oficial, la administración porteña afirmó estar preparada para defender sus intereses: “Esta sentencia significa el inicio de una nueva etapa jurídica en la que no escatimaremos esfuerzos para defender nuestro territorio y el desarrollo que Puerto Colombia ha tenido en los últimos años”.
Alcaldía de Barranquilla confirmó la ratificación del fallo
Por su parte, la Alcaldía Distrital de Barranquilla informó que, tras consultar la plataforma Samai, confirmó la ratificación del fallo. Sin embargo, el Distrito indicó que está a la espera de la notificación oficial para evaluar los pasos a seguir.
Análisis del abogado Alfonso Camerano
El abogado Alfonso Camerano Fuentes, experto en derecho administrativo, expresó su preocupación por la duración del proceso: “Es inaudito que un proceso de esta dimensión haya tardado 16 años en resolverse. Este tipo de casos deberían tener un pronunciamiento mucho más rápido por parte del máximo tribunal”.
Camerano también alertó sobre el impacto presupuestal para Puerto Colombia: “Se afectaron 1.400 hectáreas que hoy tienen miles de predios discriminados en el catastro de Puerto Colombia. Esto generará un desequilibrio financiero para el municipio”. Además, denunció que la gestión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Puerto Colombia permitió la urbanización de reservas ambientales, lo que ha tenido serias consecuencias ecológicas.
“El POT fue extremadamente laxo, permitiendo que zonas de bosque seco que debían ser protegidas fueran transformadas en moles de cemento. Esto ha tenido un impacto negativo en cuerpos de agua como la Ciénaga de Mallorquín”, indicó el abogado. Asimismo, Camerano señaló que las construcciones realizadas sin las debidas previsiones ambientales ahora vierten desechos sin control, afectando la calidad del entorno natural.
En relación con los habitantes de la zona, Camerano agregó: “El regresar al Distrito de Barranquilla implica que muchas familias, especialmente de clase media, enfrentarán tasas de impuestos prediales significativamente más altas. Esto representa un impacto directo en su economía”.
El abogado también destacó la necesidad de una intervención legislativa para resolver definitivamente el conflicto limítrofe: “Este fallo debería llevar al Congreso de la República a legislar sobre los límites del Distrito Especial de Barranquilla, ya que dejar este tipo de decisiones en manos de una ordenanza departamental no es adecuado. Se necesita una ley que regule de forma definitiva esta situación”.
Finalmente, el jurista afirmó que se espera que en los próximos días el Consejo de Estado publicará el texto completo del fallo en su plataforma Samai. Una vez notificados formalmente, tanto Barranquilla como Puerto Colombia deberán tomar medidas jurídicas y administrativas para implementar la decisión.
