La Comuna 13 de Medellín, conocida por su historia de violencia y lucha, es ahora el centro de una compleja trama de corrupción y complicidad que involucra a actores públicos y privados.
En este contexto, la empresa Construcciones El Cóndor ha sido señalada repetidamente en investigaciones que apuntan a su participación indirecta en las desapariciones forzadas ocurridas en la zona de La Escombrera durante y después de la Operación Orión, ejecutada en 2002.
La justicia, que durante años ha sido esquiva para las víctimas de la violencia paramilitar y militar en la región, sigue siendo puesta a prueba. Aunque la Corte y la JEP han vinculado a la empresa con el caso, las autoridades no han actuado con la urgencia que la situación requiere. La Fiscalía, desde 2002, ha sido criticada por su falta de acción en las investigaciones relacionadas con la empresa y su posible complicidad en el encubrimiento de estos crímenes.
El área de La Escombrera, una zona que se convirtió en un vertedero de cadáveres de desaparecidos, fue crucial para la operación paramilitar que desmanteló el control de la Comuna 13 en manos de grupos guerrilleros. Testimonios han señalado que vehículos vinculados a Construcciones El Cóndor fueron utilizados para ingresar y extraer materiales de la zona. Estos vehículos, según denuncias, también pudieron haber transportado a las víctimas de desaparición forzada hacia su trágico destino.
Aunque la empresa ha sido acusada por activistas de derechos humanos como cómplice en el crimen, el Estado sigue otorgándole contratos millonarios. Construcciones El Cóndor no solo sigue siendo uno de los actores principales en la infraestructura del país, sino que continúa ejecutando obras de gran envergadura como el Túnel del Toyo y el proyecto de la Ruta Al Sur. Esta realidad plantea preguntas inquietantes sobre la responsabilidad de las grandes empresas en los crímenes ocurridos en Colombia.
Identifican a dos víctimas de desaparición forzada en La Escombrera: La verdad empieza a salir a la luz
Esto fue lo que publicó la JEP el pasado 30 de enero:
El Instituto Nacional de Medicina Legal, en colaboración con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), ha logrado la identificación de dos víctimas de desaparición forzada cuyos cuerpos fueron recuperados en La Escombrera, Antioquia, en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.
La información, confirmada tras rigurosos procedimientos técnicos y científicos, ha revelado que las víctimas son una mujer de 20 años y un hombre de 28 años, originarios de sectores vulnerables de la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal. Ambos tenían proyectos de vida y no contaban con antecedentes penales ni registros en archivos de inteligencia, lo que subraya su condición de víctimas inocentes.
Según las investigaciones y los testimonios de los familiares, la joven había salido de su casa el 30 de julio de 2002 para asistir a una reunión en la que organizaba actividades deportivas para un grupo juvenil. Sin embargo, esa noche, miembros armados del Bloque Cacique Nutibara irrumpieron en la reunión y se la llevaron. El cuerpo de la joven y el hombre, quienes fueron hallados en La Escombrera, confirma la existencia de este sitio de desaparición forzada, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia.
Este hallazgo es un paso crucial en el camino hacia la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada en la región, y un recordatorio de la necesidad urgente de seguir profundizando en la investigación de estos crímenes. La JEP y las organizaciones de derechos humanos continúan buscando responsables y exigiendo respuestas para las familias que aún claman por la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos.
El 31 de julio, aún en poder de sus captores y con la esperanza de ser liberada, le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse. Esa fue la última vez que se tuvo noticias suyas. Desde entonces, según la información consignada en los expedientes judiciales, la Fiscalía General de la Nación ha investigado el caso como una desaparición forzada atribuida a la estructura paramilitar liderada por Diego Fernando Murillo, conocido como ‘Don Berna’.
La evidencia recabada por la JEP, en el marco del trámite judicial, indica que el crimen ocurrió ocho días después de la desaparición de un reconocido líder comunal del sector. Al parecer la joven habría sido trasladada viva desde el corregimiento de San Cristóbal, donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada. La JEP continuará trabajando en el esclarecimiento de este crimen como parte de un fenómeno generalizado de violencia en el centro occidente de Medellín.
En el caso del joven de 28 años, la Fiscalía General de la Nación también asocia su crimen al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), en posible colaboración con la estructura conocida como Frente José Luis Zuluaga, entonces liderada por Luis Eduardo Zuluaga, conocido como ‘Mc Giver’. Este grupo tuvo una notoria presencia en la Comuna 13, especialmente, durante los años 2001 y 2002.
De este segundo caso se sabe que la víctima estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable. Vivía en casa de sus padres y generaba algunos ingresos como vendedor ambulante. El 13 de octubre de 2002 a las 7:30 de la mañana salió de su hogar, ubicado en el barrio Belencito, y desde ese día su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero. En el marco del Caso 08, la JEP continuará trabajando por el esclarecimiento de este crimen.
En versión de Justicia y Paz del 19 de abril de 2013, cuando le preguntaron a ‘Don Berna’ por La Escombrera, como lugar de inhumación de cuerpos por parte de los grupos armados, respondió: “Bueno, doctor, de acuerdo a la versión que me entregaron varios de los postulados y especialmente pues las veces que hable con el comandante ELKIN quien es el que manejaba esa zona él me dice que esa Escombrera me dijo podía haber MÁS DE QUINIENTOS MUERTOS».
En La Escombrera, donde fueron encontradas estas dos víctimas, los equipos forenses de la JEP y la UBPD continúan con las labores de prospección entre una montaña de escombros acumulados durante más de 20 años. Se han sumergido a una profundidad de 15 metros hasta llegar al área de interés forense. Este punto corresponde al periodo 2002-2004, años en los que se registró el mayor número de desapariciones forzadas en este sector del occidente de Medellín.
La desaparición forzada no solo vulnera los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la vida, sino que atenta contra la dignidad más profunda de una Nación. El asesinato de quienes fueron privados de su libertad y reducidos a un estado absoluto de indefensión estuvo precedido por horas de agonía, humillación, maltrato y sufrimiento extremo.
La JEP, por respeto a la solicitud expresa de las familias, con el objetivo de acompañarlas en su doloroso proceso de duelo, por motivos de seguridad de los afectados y reserva sumarial de la investigación criminal, no divulgará los nombres de las víctimas identificadas. Con todo, y por razones de transparencia, la JEP le asegura a la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional, que todas sus afirmaciones se sustentan en fuentes y documentos oficiales.
El proceso judicial
Estos crímenes hacen parte del universo provisional de conductas investigadas en el Subcaso Antioquia del Caso 08, que aborda los delitos cometidos por la fuerza pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado. Esto, debido a que ambos crímenes se inscriben en la temporalidad y territorialidad establecidas, en el marco de 34 operaciones desarrolladas por la fuerza pública en la Comuna 13 entre 2001 y 2004.
En este sentido, la evidencia respalda la hipótesis que guía la investigación, la cual se sustenta en la sentencia del 24 de septiembre de 2015 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín: “La Sala tiene evidencia de que la desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidio de la ciudad, como una forma de ‘colaboración’ con la fuerza pública, y especialmente la Policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí».
De acuerdo con la evidencia,“los integrantes del Bloque Cacique Nutibara no sólo aterrorizaban a la población, sino que sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban, torturaban y/o asfixiaban mecánicamente y luego eran desmembradas, descuartizadas y/o decapitadas. Después las inhumaban en lugares que eran utilizados comúnmente para ese fin, como La Escombrera, La Arenera, el Morro, los barrios Vallejuelos, el alto de Bellavista, El Cebollal, San Javier La Loma, el cerro de Los 12 Apóstoles y la Finca Buenavista de la vereda Bellavista de San Cristóbal».
Dado que una de las víctimas era habitante de la zona rural de San Cristóbal, colindante con las Comunas 7 y 6, la JEP advierte la posibilidad de que en La Escombrera se encuentren también enterradas víctimas de desaparición forzada provenientes de dichas comunas de Medellín. Por ello, hace un llamado a los habitantes de estos sectores para que presenten las denuncias correspondientes y se acerquen a entregar muestras biológicas a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a la JEP y al Instituto Nacional de Medicina Legal.
Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen clamando por justicia, buscando desesperadamente los restos de sus seres queridos en la misma zona donde décadas atrás se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Fuentes consultadas:
https://corrupcionaldia.com/
https://www.jep.gov.co/
