El líder de Fuerza Ciudadana señala a la exprocuradora de manipular proceso en su contra para inhabilitarlo.
Por: Redacción Web.
Diario La Libertad.
El exgobernador del Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, denunció que la exprocuradora general de la Nación, Margarita Cabello, dejó un proceso disciplinario en su contra antes de salir del cargo, con el objetivo de inhabilitarlo políticamente y sacarlo de futuras contiendas electorales. Según Caicedo, esta acción responde a una estrategia de la derecha nacional, en particular del grupo Char, en alianza con el clan Pinedo de Santa Marta.
Margarita Cabello usó la @PGN_COL para perseguirme políticamente e inhabilitarme desconociendo, los pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos en el que ha dictado fallos como el que amparó los derechos políticos del presidente Petro.
— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) February 5, 2025
Margarita Cabello,… pic.twitter.com/fUnCxUSl9O
El proceso en cuestión fue abierto en 2023 por la Procuraduría, bajo el argumento de presunta participación en política, luego de que Caicedo publicara un trino en el que cuestionaba la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a las aspiraciones de candidatos de izquierda en las elecciones territoriales. En la publicación, Caicedo criticó la supuesta persecución por parte del CNE, dirigido por Alfonso Campo, y del registrador Alexander Vega, a quienes vinculó con partidos tradicionales.
Caicedo solicitó la recusación de los procuradores delegados Luis Casas Farfán, Gloria Ramírez Rojas y Carlos García Parrado, al considerarlos cercanos a Cabello y parte del «entramado» en su contra. Sin embargo, la Procuraduría rechazó su petición, permitiendo la continuidad del proceso.
Aquí el auto en el que la @PGN_COL confirmó su sesgo político rechazando mi recusación sin considerar pruebas ni argumentos. El documento lo deja claro: pic.twitter.com/uLxpve8cXx
— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) February 5, 2025
El exgobernador aseguró que lo ocurrido es una clara muestra de persecución política y detalló cuatro razones que, según él, prueban la manipulación del caso:
- Censura y persecución política: el proceso disciplinario se basa en un simple trino.
- Violación del procedimiento disciplinario: la recusación no fue remitida a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como era obligatorio.
- Uso indebido del poder: los delegados de la Procuraduría habrían manipulado el proceso para asegurar la decisión en su contra.
- Usurpación de competencias: Cabello resolvió la recusación en su contra sin tener autoridad para hacerlo.
“Lo que está en juego no es sólo mi derecho a la participación política, sino la democracia misma. Es tiempo que la Procuraduría no siga siendo un brazo político de actores que promueven el odio a los sectores alternativos”, concluyó Caicedo.
El uso político de los órganos de control en Colombia
Más allá de la denuncia específica de Carlos Caicedo, esta situación pone en el centro de la discusión el uso que se hace de los órganos de control en Colombia, los cuales, en ocasiones, parecen convertirse en herramientas de persecución política. La Procuraduría, por ejemplo, ha sido acusada en varias ocasiones de tomar decisiones que favorecen a unos sectores políticos y, al mismo tiempo, persiguen a otros, lo que ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país. De hecho, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado esta práctica, como ocurrió cuando falló a favor del presidente Gustavo Petro, tras su destitución e inhabilitación por la misma entidad.
Este panorama resalta una realidad preocupante: la fragilidad de la democracia colombiana. Cuando las instituciones que deberían ser imparciales y garantizar la justicia se ven atrapadas por los intereses políticos de los grupos de poder, la democracia se ve debilitada. La falta de independencia en los órganos de control y la concentración del poder en manos de ciertos sectores tradicionales ponen en riesgo la participación política de nuevos movimientos y de aquellos que buscan diversificar el panorama electoral. La capacidad de la ciudadanía para decidir libremente y sin coacciones se ve amenazada, y con ello, la vitalidad misma de la democracia.
Y.A.