El reciente Consejo de Ministros, transmitido en vivo la noche del martes 4 de febrero, ha desatado una ola de críticas por parte de la opinión pública, destacando la violación de la Ley 63 de 1923, vigente y modificada en 2014.
Según el artículo 9 de esta normativa, «las sesiones del consejo de ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas», lo que implica que las discusiones y deliberaciones deben mantenerse en estricta confidencialidad.
ARTÍCULO 2. Para deliberar, el consejo de ministros podrá actuar con la tercera parte de sus miembros, pero para dictaminar o resolver sobre los asuntos sometidos a su estudio necesita un quorum formado por la mayoría absoluta de sus miembros. La mayoría absoluta la forman la mitad de los votos más uno. En caso de que el número de miembros que deben integrar el consejo conforme al artículo anterior no sea exactamente divisible por dos, se computará como mayoría, para los efectos del quorum, toda fracción de voto.
En su apreciación, diversos analistas y políticos han señalado que lo ocurrido durante la transmisión fue un «grotesco e impudoroso espectáculo«, con un nivel de confrontación y tensión que, según afirman, no debe ser expuesto al público de la manera en que sucedió. La Ley 63 establece que la naturaleza de estas reuniones debe garantizar la privacidad y la capacidad de los ministros para debatir sin la presión de la exposición mediática.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=69836
ARTÍCULO 9. Las sesiones del consejo de ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas, y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta.
Lo que muchos interpretan como un “circo” durante la sesión fue la serie de enfrentamientos entre los funcionarios del gobierno, en los que se evidenció un ambiente de divisiones internas y desacuerdos, lo que, según algunos, socavó la imagen institucional. En lugar de deliberaciones reservadas, los conflictos entre figuras claves como la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la vicepresidenta Francia Márquez con el nombramiento de otros miembros del gabinete se convirtieron en un tema de discusión pública, algo que no debería haber ocurrido si se hubiera respetado el marco legal.
La ley, con su principio de reserva, busca asegurar que las decisiones gubernamentales se tomen en un ambiente sin presiones externas, lo que se considera esencial para la toma de decisiones efectivas y comprometidas con el bien común. Sin embargo, la exposición pública de los desacuerdos dentro del consejo ha dejado en evidencia que este principio no se respetó, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la eficacia del gobierno y la transparencia de sus procesos internos.
Para muchos críticos, el episodio evidencia una falta de disciplina y profesionalismo por parte de los miembros del gabinete, quienes en lugar de abordar sus diferencias de manera reservada y constructiva, optaron por una exhibición pública de sus desacuerdos. Esto, según algunos, pone en duda la capacidad del gobierno para manejar situaciones delicadas y tomar decisiones estratégicas bajo presión.
El exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, destacó la vigencia y relevancia de la Ley 63 de 1923, que establece la reserva de las sesiones del Consejo de Ministros. En un análisis jurídico reciente, Hernández subrayó que esta ley sigue plenamente vigente y no ha sido derogada ni modificada, por lo que su aplicación es obligatoria.
Particularmente, el exmagistrado hizo énfasis en el artículo 9 de la mencionada ley, que establece que las sesiones del Consejo de Ministros, en su calidad de cuerpo consultivo, deben ser absolutamente reservadas. Según este artículo, la divulgación de detalles sobre los debates y decisiones tomadas en dichas sesiones está estrictamente prohibida.
La declaración de Hernández surge en medio de un debate público sobre la transparencia y la privacidad de las discusiones internas del Gobierno, especialmente tras recientes eventos en los que se han filtrado detalles de las sesiones del Consejo de Ministros. El exmagistrado recordó que la ley tiene un propósito claro de proteger la confidencialidad de los deliberaciones del gabinete, asegurando que los funcionarios puedan discutir asuntos de forma libre y sin presiones externas.
El énfasis en la vigencia de esta normativa se considera clave para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema político y gubernamental, al tiempo que se preserva la autonomía de las decisiones de los ministros.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de respetar los procedimientos legales y la ética gubernamental, en un momento en que el país requiere estabilidad y unidad. Mientras tanto, se espera que las autoridades den una respuesta clara sobre las implicaciones legales de la transmisión no autorizada del Consejo de Ministros y las medidas que se tomarán para evitar que hechos como estos se repitan en el futuro.
