La decisión del gobierno de Donald Trump de recortar los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha generado preocupación en Colombia, especialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, alertó que este recorte de aproximadamente 15.000 millones de pesos anuales afectará gravemente las investigaciones judiciales contra los responsables de los crímenes más atroces del conflicto armado. Estos fondos han sido esenciales para los procesos que investigan el genocidio de la Unión Patriótica, la violencia sexual en el conflicto y los crímenes contra los pueblos indígenas y étnicos.
Ramelli explicó que estos recursos financiaban investigaciones de los casos más emblemáticos del conflicto y permitían la aplicación de sanciones propias a los responsables en lugar de condenas carcelarias. Además, los recursos de USAID han sido clave para el funcionamiento de la JEP, apoyando tareas como la protección de zonas donde se sospecha que hay desaparecidos y la intervención de territorios afectados por el conflicto armado. Sin esta ayuda, las investigaciones se verían gravemente afectadas.
El recorte, que es parte de un realineamiento de la ayuda exterior por parte del gobierno de Trump, ha sido justificado por la Casa Blanca como una medida para asegurar que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se utilice de acuerdo con los intereses nacionales. Sin embargo, la reducción en la cooperación internacional podría generar grandes retos para la justicia transicional en Colombia, que depende de estos recursos para avanzar en la reparación de las víctimas y en la construcción de paz.
El gobierno colombiano, por su parte, ha señalado que trabajará para suplir la falta de recursos, aunque los fondos del Estado están limitados debido al déficit fiscal.
La situación deja en el aire el futuro de la JEP, cuyas investigaciones podrían verse comprometidas si no se encuentran alternativas de financiación.
