El presidente de Fedegán critica el uso de la Ley de Conmoción Interior y exige priorizar el restablecimiento del orden.
El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, alertó sobre la intención del Gobierno Nacional de aplicar una expropiación exprés en la región del Catatumbo, amparándose en la Ley de Conmoción Interior y utilizando el Decreto 108 recientemente expedido.
Según Lafaurie, el decreto se basa en la Ley 1523 de 2012, que regula la política de gestión del riesgo de desastres, para justificar una expropiación administrativa con mínimos recursos para los propietarios afectados. “Es increíble que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiese que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994… genera demoras’”, criticó. Y añadió: “¿Por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”.
El líder gremial rechazó que se utilicen medidas pensadas para desastres naturales cuando el verdadero problema de la región es la violencia derivada del narcotráfico. “El Catatumbo sufre un verdadero desastre, sí, pero de ilegalidad y violencia. Es el desastre de la guerra entre bandidos por el control territorial, manteniendo sometida a la región a la maldición del cultivo de coca, el narcotráfico y toda suerte de rentas ilegales”, denunció.
Si bien reconoció que el decreto podría superar un análisis constitucional, advirtió que esto no debe usarse como excusa para extender la medida a otras regiones del país. También cuestionó la insistencia del Gobierno en entregar tierras sin garantizar antes la seguridad. “Puedo asegurar que, ahora mismo, los 40.000 desplazados no están pidiendo tierra, muchos ya la tienen y están más preocupados por su seguridad y su vida, por no perder lo que ya poseen”, afirmó.
Lafaurie insistió en que la prioridad debe ser el restablecimiento del orden público antes de cualquier reforma agraria. “Antes que expropiar y repartir tierras en medio del caos, el Gobierno debe garantizar la seguridad de los pobladores y proteger las tierras abandonadas por los desplazados, que corren el riesgo de ser despojadas por los grupos armados ilegales”, sostuvo.
En este sentido, propuso que si el Estado requiere tierras dentro de los planes de recuperación, debería enfocarse en aquellas dedicadas a cultivos ilícitos, que pueden ser sujetas a extinción de dominio. “Ahí están las tierras de la coca, no las de los campesinos obligados a sembrarla. Ellos necesitan programas de sustitución con mercados garantizados”, indicó.
Por último, reafirmó el compromiso de Fedegán con la reforma agraria, asegurando que el gremio continuará apoyando la compra directa de tierras a través del convenio con el Gobierno Nacional, siempre que se haga con seguridad jurídica y en un entorno de paz.
Y.A.
