El interrogante que todos se plantean es por que las autoridades no tuvieron en cuenta la alerta tempranas que emitía la Defensoría del Pueblo sobre la violencia que se estaba presentando en Barranquilla y que colocaba en jaque la seguridad y la vida de sus habitantes.
El haber hecho caso omiso a lo que alerta la Defensoría conllevó a que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación en contra de varios funcionarios de la secretaría del Interior del Atlántico de la subsecretaría de Participación Comunitaria del Atlántico, d la Secretaría de Gobierno de Barranquilla, de la secretaría de Gobierno de Galapa, de la Secretaría de Gobierno de Puerto Colombia, al igual comandante del Gaula Militar Caribe, al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y comandante del Batallón de Policía N.o 2 de Barranquilla.
La apertura de la investigación por parte del órgano de control busca conocer de el por qué no atendieron las alertas tempranas, por qué omitieron el impacto que causaría en la ciudad y el departamento obviarlas. Hacer caso omiso a una situación de seguridad tan delicada pondría en en tela de juicio la gestión de los responsables de velar por el orden público. A pesar de las inversiones en equipos tecnológicos, parque automotor y personal especializado, la violencia sigue aumentando y no se observa una tendencia a la reducción de los crímenes.
Al considerar la Procuraduría General de la Nación que obviaron una alerta y no tomaron las medidas urgentes para mitigar los riesgos optó por abrir una investigación contra:
- Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe
- José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército
- Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla
- Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico
- Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico
- Bertulfo Gutiérrez Vásquez, profesional especializado de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla
- Piedad Ahumada, profesional especializado de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla
- Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia
- Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa
Estas figuras públicas, son señalados por la Procuraduría como los funcionarios a cargo de la respuesta rápida a la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020, pero las estadísticas muestran que no se han tomado las medidas necesarias para mitigar estos riesgos.
El cierre de enero 2025 con 87 homicidios es un claro reflejo de la ineficacia en la respuesta de las autoridades. En comparación con enero de 2024, la cifra de homicidios ha aumentado, especialmente en Barranquilla, que registró 54 crímenes. La violencia en el área metropolitana también ha sido significativa, con un aumento preocupante en municipios como Soledad, Malambo y Galapa.
Lo más alarmante es que las víctimas continúan siendo miembros de grupos vulnerables, como líderes sociales, comerciantes, defensores de derechos humanos, e incluso mujeres. De los 87 homicidios, siete fueron mujeres, seis de ellas en Barranquilla. El aumento de la violencia coincide con la lucha entre las bandas ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y el ‘Clan del Golfo’ por el control de territorios clave para el microtráfico, la extorsión y otros negocios ilícitos.
Hoy por hoy, para los conocedores del tema de seguridad, las autoridades no han presentado de manera clara las acciones que se implementaron para cumplir con los requerimientos de la Alerta Temprana, lo que deja una sensación de desprotección entre los ciudadanos de Barranquilla.
¿Por qué no se actuó a tiempo?
Las estadísticas y la investigación de la Procuraduría, indican que las acciones para frenar este espiral de violencia han sido insuficientes o incluso ignoradas. Mientras tanto, la población sigue pagando el precio con vidas humanas y una creciente sensación de inseguridad.
Frente a este tema, se refirió el experto en seguridad y ex personero del distrito de Barranquilla, Arturo Medrano, alertando acerca de nuevos pasquines intimidantes a nombre de grupos armados que están siendo repartidos en algunos puntos en el vecino municipio de Soledad, Atlántico, aclaró también, que estos forman parte de unos 12 pasquines más que durante el mes de enero han aparecido en diferentes redes sociales, utilizan diversos medios dentro de la estrategia de levantamiento y de guerra entre los grupos criminales.
“Lo que allí diga, se puede entender recibir y entender con beneficio, pero hay muchas de estas amenazas que han resultado cierta, lo que pasa es que las autoridades tienen una conducta negacionista de la que hablaba del personero distrital el año pasado, ellos niegan todo, es decir, todos los pasquines son inexistentes, son falsos porque le falta una coma que colocaron en los otros pasquines y eso no es cierto, Medrano considera desde su amplia experiencia y conocimiento en la materia que, “De los pasquines no hay que desconfiar, tienen que prestarle la atención y someterlo a un procesamiento por inteligencia que interprete lo que hay detrás de ese pasquín”, asimismo consideró que los pasquines ayudan en muchos casos dentro de esta guerra entre grupo, a hacer un registro de integrante de las demás organizaciones, toda vez que, allí están colocando con nombres y apodos a personas conocidas en determinados territorios.
¿Son veraces los pasquines a los que las autoridades le prestan muy poca atención?
En su concepto, Medrano considera que, «En este momento la investigación que abre Procuraduría General de la Nación, aunque la considero tardía, no es menos cierto que si se desarrolla de manera oportuna y pronta a la recopilación y recaudación de pruebas en lo que fue el desconocimiento de la alerta temprana que, en tres ocasiones emitió la Defensoría del Pueblo, considero que ni siquiera los funcionarios a los que esta llegó, fueron leídas, que sencillamente quedaron engavetadas, nunca, no me equivoco las leyeron, porque de lo contrario la implementación de las mismas debió haberse tenido en cuenta, o que por el contrario, nos muestren un Consejo de Seguridad donde hayan llevado en el orden del día la presentación de las alertas tempranas, que en algún momento por cierto, fue desvirtuada por un alcalde del distrito de Barranquilla hace algunos 3 años». Añade también resaltando lo que para él significó el ignorar la alerta temprana, «desconocer la alerta temprana significó en un alto grado de omisión desde hace mucho tiempo por parte de las autoridades locales, lo que allí se estaba manifestando frente a las situaciones de riesgo en los diferentes barrios localidades del departamento del Atlántico, de cada uno de los territorios, la presencia de las estructuras criminales, la presencia del Clan del Golfo fue negada durante años por altos oficiales de los organismos de seguridad».
En su análisis, Arturo Medrano concluye diciendo, «Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo deben ser en estos momentos revisada y convertirse en un instrumento de análisis y de colectivización para que, junto con la misma Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las autoridades, se construya una ruta de trabajo que identifique los principales factores o falencias que se están presentando en la lucha contra el crimen porque en la medida es que se están realizando inversiones se fortalece la inteligencia, se anuncian estrategias, estas por el contrario, si bien es cierto han disminuido en algunos delitos de impacto, no es menos cierto como hemos señalado que, se haya logrado reducir la violencia criminal que era el objetivo fundamental de las informaciones que había construido las alertas tempranas sobre la base de una investigación seria académica de sus funcionarios y que debió ser obviamente de conocimiento de las autoridades».
La evolución de la criminalidad organizada en Barranquilla desde 2020 hasta la fecha refleja una transformación profunda en la dinámica de inseguridad que afecta a la ciudad y su área metropolitana. La presencia de estructuras delictivas transnacionales y locales, sumada a la violencia indiscriminada, ha dejado a la población en una situación de vulnerabilidad constante. Si bien las alertas tempranas han sido emitidas, la falta de respuestas efectivas ha agravado la crisis.
Es urgente que las autoridades y la sociedad civil trabajen conjuntamente en la formulación de estrategias integrales y sostenibles que permitan contener la expansión de estas organizaciones y garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la población. La inseguridad y la violencia ya no pueden ser ignoradas como simples efectos, sino que deben ser entendidas como el síntoma de una crisis estructural que exige respuestas inmediatas y de largo plazo.
En las últimas horas la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades del Atlántico para que adopten medidas preventivas de seguridad y gestión del riesgo en el marco de las festividades del Carnaval de Barranquilla. El órgano de control del estado así lo reiteró a través de las circulares 001 y 002 de 2025, donde solicita que los alcaldes, secretarías de Gobierno y Salud, y oficinas de Gestión del Riesgo del Atlántico implementen un plan de emergencia y contingencia, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los miles de participantes que se congregan durante estos eventos masivos.
La alerta incluye medidas sobre el uso de pólvora, atención de emergencias y la coordinación con los consejos territoriales para la gestión del riesgo de desastres.
La Procuraduría enfatiza la importancia de la prevención y la correcta atención de cualquier situación que pueda poner en peligro la vida de los ciudadanos durante las festividades.
