Los usuarios de la Costa Caribe han intensificado sus protestas en contra de las altas tarifas de energía, exigiendo al Gobierno Nacional la derogatoria del régimen tarifario especial establecido en la ley 1955 de 2019, que fue prorrogado en 2023 por la Ley 2294. Según los manifestantes, esta fórmula tarifaria, que fue ordenada a revisar por el Tribunal Administrativo del Atlántico desde agosto del año pasado, sigue vigente debido al incumplimiento por parte del Gobierno.
El clamor de los ciudadanos se centra en la reducción de tarifas que consideran abusivas, argumentando que la autoridad que debería aplicar las modificaciones es la misma que no acata las órdenes judiciales. Además, piden que se mantengan los subsidios para los hogares de estratos 1, 2 y 3, los cuales fueron eliminados con la política de focalización de subsidios aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro.
Los usuarios también reclaman una reducción en las tasas de rentabilidad de los generadores y comercializadores de energía, y exigen que el gobierno cumpla con su promesa de pagar el saldo de la opción tarifaria, la cual ha incrementado significativamente sus facturas.
La situación se ha complicado aún más con los recientes comentarios del presidente Petro en Barranquilla, quienes aseguran que su discurso y las acciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) siguen favoreciendo el modelo tarifario vigente desde 1991, que según los manifestantes, solo beneficia a las grandes empresas del sector energético.
El llamado a la movilización ha sido claro: los usuarios de la Costa Caribe y del resto del país instan a una transformación en el sistema tarifario, con tarifas más justas y un sistema que proteja a los hogares más vulnerables. La protesta continúa ganando fuerza y se espera que se extienda a otras regiones del país en los próximos días.
