La disputa por el control del alumbrado público en Santa Marta llega a nuevas instancias, con ESSMAR defendiendo su administración y la Alcaldía cuestionando los recursos manejados.
La disputa sobre el control del alumbrado público en Santa Marta continúa tras el reciente proyecto aprobado por el Concejo Distrital para transferir la administración del servicio de ESSMAR a la Administración Distrital. El proyecto fue aprobado en una sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 2024, tras las acusaciones del alcalde Carlos Pinedo sobre presuntos malos manejos en el uso de los recursos destinados a este servicio.
En respuesta a las críticas, ESSMAR, la empresa privada encargada de la administración del alumbrado público, ha defendido su gestión, destacando que, cuando asumieron el control, el sistema de alumbrado público estaba completamente desactualizado, con un porcentaje de modernización del 0%. Según la empresa, más del 70% del sistema ha sido modernizado bajo su administración, lo que representa una mejora significativa en comparación con el periodo previo, cuando el distrito estaba al mando.
ESSMAR también ha destacado que, durante su gestión, se ha alcanzado un superávit financiero de 60.000 millones de pesos, una cifra que, según la empresa, contrasta con los informes entregados por la Alcaldía, que señalaban un superávit de cero pesos durante la administración anterior.
Mientras tanto, la Veeduría Ciudadana, Vigilancia y Control Sostenible ha denunciado el proceso que llevó a la aprobación del proyecto, argumentando que el traspaso de los recursos del alumbrado público a la Alcaldía de Carlos Pinedo podría poner en riesgo la estabilidad financiera de ESSMAR, entidad que está actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Además, la veeduría subraya que los acuerdos vigentes establecen que las rentas del alumbrado público pertenecen exclusivamente a ESSMAR por un período de 30 años, lo que hace ilegal la toma de estos recursos antes de ese plazo.
El caso ha llegado a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, donde el secretario Andrés Idárraga deberá analizar las implicaciones legales del proyecto aprobado y emitir un pronunciamiento para garantizar el uso correcto de los recursos del Estado.
Y.A.
