Las comunidades indígenas Emberá Katío del resguardo del Alto Sinú, en Tierralta, Córdoba, se encuentran atrapadas en una crisis humanitaria que ya lleva más de tres años, debido a la violencia y amenazas constantes por parte de grupos armados no estatales.
La situación afecta a alrededor de 12.000 personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, desplazadas y con graves restricciones a su movilidad.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), estas comunidades evitan denunciar las agresiones por temor a represalias, lo que ha generado un subregistro de los hechos y agudizado las dificultades para proporcionar asistencia. La crisis se ha intensificado desde 2022, con desplazamientos forzados y limitaciones en el acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable y salud.
El último episodio ocurrió el 8 de enero de 2025, cuando 611 personas, de las comunidades de Nejondó y Koredó, se vieron obligadas a desplazarse hacia centros poblados debido a operaciones militares contra grupos armados ilegales en la zona. Además, durante 2024, otras 1.008 personas fueron confinadas a causa de combates en la región.
La situación expone a la población a múltiples riesgos, como el reclutamiento forzado de menores, violencia de género y la escasez de recursos esenciales. Las autoridades locales, a través del Comité Territorial de Justicia Transicional, han comenzado a coordinar respuestas humanitarias, incluyendo entrega de ayudas alimentarias y atención en salud.
Sin embargo, la OCHA enfatiza que las comunidades Emberá Katío requieren apoyo urgente en diversas áreas, como asistencia psicosocial con enfoque étnico, acceso a agua segura, atención médica integral y garantía de permanencia escolar para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.