Congreso dividido sobre la conmoción interior en el Catatumbo

Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes conformaron subcomisiones para estudiar la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, Norte de Santander. En un plazo de 15 días, el Congreso deberá pronunciarse sobre el respaldo o rechazo a la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar la grave crisis social y de orden público en la región.

El debate ha generado divisiones entre los parlamentarios. Desde la oposición, el representante Andrés Forero expresó su preocupación por el uso que el Gobierno pueda darle a la medida:

“Queremos ver cuáles son los decretos, porque nos preocupa que el Gobierno instrumentalice la crisis en el Catatumbo para pasar por la puerta de atrás la ley de financiamiento o una reforma tributaria que el Congreso le hundió”.

Por otro lado, algunos congresistas han condicionado su apoyo a la transparencia en la gestión de los recursos. La representante Catherine Juvinao advirtió que vigilará de cerca la contratación derivada de la medida:

“Vamos a apoyar la conmoción interior, pero pediremos una absoluta estrategia de transparencia y rendición de cuentas en los decretos legislativos, especialmente en lo que tenga que ver con contratación”.

Desde el Pacto Histórico, el respaldo es total. El representante Alejandro Ocampo, miembro de la comisión encargada del análisis, enfatizó la importancia de priorizar la protección de los habitantes de la zona:

“Esperamos que podamos mejorar la vida de los habitantes del Catatumbo, que se sientan menos presas de los fusiles y que haya acciones sociales, económicas y humanitarias para las víctimas del conflicto”.

En la misma línea, el representante Heráclito Landinez justificó la medida argumentando que la situación en la región es excepcional:

“Las condiciones del Catatumbo son extraordinarias porque dos organizaciones armadas ilegales están masacrando a la población civil. El Estado debe intervenir de manera urgente para movilizar a las Fuerzas Militares y atender a los desplazados y las víctimas”.

Si bien el pronunciamiento del Congreso no será vinculante, será clave para medir el nivel de apoyo político a la decisión del Gobierno. La discusión continuará en los próximos días, con expectativas sobre el impacto real de la medida en la región.

Y.A.