«Nos notificaron el fallo de tutela del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga, en el cual se deja sin efecto la resolución del Ministerio del Interior y se ordena reiniciar los trámites administrativos de consulta previa en el peaje Arroyo de Piedra a todas las entidades accionadas».
Con estas palabrase pronunció el congresista por el Atlántico, Gersel Pérez, sobre el fallo que ordena una consulta previa en el peaje Arroyo de Piedra.
Sin duda alguna, esto es un avance para el reconocimiento de las etnias en el Atlántico.
«Hoy dimos un gran paso, demostrando que el gobierno del Cambio y sus ministerios no conocen los territorios; aquí sí están asentadas nuestras comunidades y, por ende, la Ley 21/1991 debe cumplirse. La consulta previa es un derecho fundamental», indicó.
En el pasado el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga admitió el miércoles 15 de enero una acción de tutela contra la instalación del peaje en Arroyo de Piedra, Atlántico, argumentando que no se cumplió con la consulta previa a las comunidades étnicas de la zona, como lo exige la Ley 21 de 1991, que regula los derechos de las minorías étnicas a ser consultadas ante cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios.
Nos notificaron el fallo de tutela del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga, en el cual se deja sin efecto la resolución del @MinInterior y se ordena reiniciar los trámites administrativos de consulta previa en el peaje Arroyo de Piedra a todas las entidades… pic.twitter.com/pgr5aKcMSr
— Gersel Pérez (@GerselPerez) January 29, 2025
La acción también solicitó la suspensión de dos resoluciones expedidas en 2021, hasta que se realice la consulta previa. Según el congresista, “el gobierno nacional no ha cumplido con la obligación de realizar consultas previas en proyectos que afectan a minorías étnicas. Pedimos una medida cautelar para que este nuevo peaje no sea implementado”.
Este proceso representa un nuevo obstáculo para las autoridades viales, que han enfrentado protestas de los ciudadanos en el área donde se planea instalar el peaje.
De la misma forma Pérez radicó otra acción de tutela contra el proyecto del cobro de la valorización en la Vía al Mar en el que, según el DANE, en municipios como Tubará, el 64 % de la población es descendiente Mokaná, pero menos del 10 % de los predios fue excluido del cobro. Esta medida aún está en proceso en el juzgado.
La sentencia fue presentada contra el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Concesión Vial Autopistas del Caribe, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa.
En el mismo fallo se ordena, además, la participación de los consejos comunitarios de comunidades negras de los municipios de Luruaco, Repelón y Sabanalarga en el proceso de certificación de procedencia.
