El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explica la necesidad de esta medida excepcional para abordar la crisis en la región de Norte de Santander.
El Gobierno Nacional presentó este lunes un informe ante la Cámara de Representantes para solicitar el respaldo del Congreso a la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, como respuesta a la situación crítica que atraviesa el territorio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la necesidad de este mecanismo excepcional, resaltando que la crisis es sobreviniente y no se esperaba.
Cristo desestimó las críticas que sugieren que la intervención en la zona podría realizarse sin recurrir a la conmoción interior, asegurando que la medida es indispensable por tres razones fundamentales. En primer lugar, debido a la falta de recursos disponibles, en segundo, por la urgencia de acelerar los procesos de contratación, y finalmente, para agilizar los programas de sustitución de cultivos que son clave en la región, los cuales no podrían ejecutarse a través de los mecanismos ordinarios del Gobierno.
El ministro solicitó a los congresistas dejar de lado las controversias políticas y centrarse en resolver los problemas de los habitantes del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la violencia del ELN y otros grupos ilegales. «El Gobierno viene respetuoso de la independencia de los poderes, a representar su informe y a pedirle a esta plenaria de la Cámara que se pongan la mano en el corazón», señaló Cristo, apelando a la solidaridad con la población afectada.
De ser exitosa la intervención, el Gobierno tiene planes de replicar este modelo en otras regiones del país, como el Chocó y el Cauca, donde persisten altos índices de violencia y marginación. “Si somos exitosos en esta intervención, podemos replicarlo en otras zonas del país para superar la violencia”, aseguró el ministro.
El objetivo del Ejecutivo es contar con los recursos necesarios para dotar a la Fuerza Pública de herramientas eficaces en la lucha contra el ELN y otras organizaciones ilegales que operan en la región, al mismo tiempo que se implementan programas de inversión social y de infraestructura para la población local, tal como se acordó en las últimas mesas de trabajo con comunidades, alcaldes, y gobernadores de la región.
Y.A.
